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La huelga de Metro se avecina salvaje

Los trabajadores planean incumplir los servicios mínimos en protesta por los recortes de sueldo y votan que los trenes no circulen ni el 29 ni el 30

Los empleados de Metro echan un pulso a la Comunidad de Madrid. El lunes 28, día en que la Asamblea votará la ley de ajuste propuesta por el Gobierno de Esperanza Aguirre, que incluye bajadas del 5% de sueldo en empresas públicas (como Metro o Telemadrid, con trabajadores contratados sin categoría de funcionario), la plantilla del suburbano hará una huelga con servicios mínimos: entre un 50% y un 60% de de trenes menos en hora punta. Si se aprueba el recorte (lo más probable, dada la mayoría parlamentaria del PP), los empleados de Metro, según decidieron ayer en dos asambleas, harán una huelga total el martes 29 y el miércoles 30 para que no circule ningún tren en dos días.

La plantilla prevé incumplir la obligación de dar servicios mínimos para retar al Gobierno de Esperanza Aguirre con el mayor paro de la historia del metro, un servicio que tiene cada día dos millones de viajeros.Unos cuatro millones de usuarios se quedarían varados en el andén.

La propuesta presentada por el comité de empresa, que respaldaron más de 800 trabajadores en una nave de las cocheras de Metro de la plaza de Castilla (casi todos las manos se alzaron para decir sí, ni siquiera se contaron los votos), parte de la idea de que es ilegal que la Comunidad de Madrid suspenda un convenio colectivo como el suyo.

El comité deduce de ahí que los trabajadores tienen legitimidad para saltarse los servicios mínimos que establece la legislación en en momento en que la Administración selle el recorte. El consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, que se reunió ayer con los sindicatos, confía en que no llegue la sangre al río: "No se me pasa por la cabeza que haya una huelga sin servicios". Considera que el Gobierno regional "está en su derecho" de bajar los sueldos."Estamos dispuestos a poner Madrid patas arriba. La idea es cerrar el servicio los días 29 y 30, con todas las consecuencias, despidos incluidos", dijo Vicente Rodríguez, secretario del Sindicato de Conductores, que aglutina a un 85% de los cerca de 2.000 conductores de Metro. El consejero delegado de la empresa, Ignacio González Velayos, no habló ayer de la respuesta que daría la empresa a un paro completo. "No me pongo en esa hipótesis", dijo. El derecho de huelga está regulado por el artículo 28.2 de la Constitución española, que también establece que se deben mantener los servicios mínimos.

El comité sindical considera que la iniciativa del Gobierno regional es una intromisión sin precedentes en el convenio colectivo. "Ni Franco hizo una rebaja salarial en el metro", afirmó su portavoz, Ignacio Arribas, de CC OO. El secretario de UGT, Teodoro Piñuela, asegura que la Comunidad de Madrid "incumple la legalidad" al imponer una rebaja de los sueldos de los trabajadores sujetos a convenio. Metro tiene una plantilla de 7.617 empleados. El sueldo bruto anual, de media, es de unos 33.000 euros, y más del 90% de los contratos son indefinidos, según un portavoz de la compañía.

El vicepresidente regional, Ignacio González, calificó ayer la huelga de los trabajadores de Metro como "irresponsable e insolidaria con las decisiones que se están tomando en el conjunto del país", informa Jesús S. González. Juzga que en estos momentos de dificultad económica "hay que hacer un esfuerzo en la reducción de gastos". Por eso, espetó: "Es una absoluta irresponsabilidad, una falta de solidaridad y de realismo sobre la situación del país".

La rebaja es inconstitucional, según algunos abogados laboralistas

La autoridad de la Comunidad de Madrid para bajarle el sueldo a los empleados de empresas públicas es polémica. La Consejería de Hacienda la definió ayer en un comunicado como una "medida adicional" al decreto ley del Gobierno central de recorte de salarios a funcionarios y altos cargos. Sostiene que no viola el artículo 149 de la Constitución, sobre competencias exclusivas del Estado, y añade que otras comunidades "como Andalucía, Cataluña o Navarra" han hecho lo mismo.

Los juristas consultados no piensan lo mismo. El abogado laboralista Luis Zumalacárregui cree que el Gobierno regional actúa fuera de su terreno: "El sueldo de los funcionarios se rige por la Ley de Presupuestos del Estado, y se puede alterar con una norma legal; pero los convenios colectivos forman parte del derecho privado". Menciona el artículo 37 de la Constitución, que fija la "fuerza vinculante de los convenios". Según Zumalacárregui, "la Comunidad no tiene facultad para suspender convenios en vigor". "Si los empleados le ponen un pleito", dice, "probablemente lo ganarán".

Su planteamiento es el mismo que el de Enrique Lillo, abogado laboralista de CC OO. "La legislación laboral es competencia exclusiva del Estado", afirma. "Se podría plantear la inconstitucionalidad de este decreto".

El real decreto para reducir el déficit público libra a Renfe, ADIF y AENA de los recortes salariales, respetando sus convenios colectivos. El Ayuntamiento de Madrid -gobernado, como la Comunidad, por el Partido Popular-, no ha incluido ninguna empresa pública dentro del tijeretazo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de junio de 2010

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