La pulsera contra el maltrato resulta eficaz, pero se utiliza poco

Los dispositivos para el control telemático de las medidas de alejamiento de los maltratadores han cumplido un año y, según las instituciones implicadas en su funcionamiento (el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado), el sistema está dando resultado en los casos en los que se ha instalado. Pero se instala poco. De los 3.000 dispositivos disponibles, solo 336 están en uso. El Ministerio de Igualdad reconoce que son "menos de los que se esperaban".

Este sistema permite verificar que el hombre no se salta ninguna de las medidas cautelares de alejamiento impuestas por el juez. Cuando lo hace, salta una alarma en el centro de control, activo las 24 horas. El último balance, que recoge los datos desde agosto de 2009 hasta el 15 de mayo de este año, cifra en 1.987 el número de alertas que han llevado a poner en marcha el protocolo de seguridad para que la policía o la Guardia Civil se desplace al punto donde, supuestamente, el maltratador se está saltando el alejamiento.

Igualdad admite que la implantación está siendo "demasiado lenta"

El Poder Judicial pide que el juez tenga datos sobre el riesgo de la víctima

"Está funcionando muy bien y ha evitado agresiones", asegura el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, que cree que el sistema cumple un triple objetivo: disuadir al agresor; hacer que las víctimas se sientan más seguras y, con ello, facilitar su recuperación; y documentar los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. Con todo, Lorente admite que la implantación está siendo "demasiado lenta". "Se podía haber hecho un uso más frecuente. Si hay elementos para actuar, hay que actuar".

Estas pulseras de seguimiento están pensadas para casos catalogados como de riesgo alto o extremo y su uso lo acuerda un juez. El protocolo firmado por el Gobierno, el CGPJ y la Fiscalía recoge que el órgano judicial decretará esta medida "en función de la disponibilidad de dispositivos" e Igualdad ya se mostró entonces dispuesta a incrementar el número de unidades ante la posibilidad de que las 3.000 iniciales fueran pocas. Pero sobran más de 2.600.

El delegado para la Violencia de Género considera que, salvo contadas excepciones, en todos los casos de riesgo alto o extremo debería implantarse. Sin embargo, en marzo de este año la policía contabilizaba 514 mujeres en esta situación de riesgo y solo 234 víctimas portaban el dispositivo telemático. Desde entonces el número se ha incrementado hasta 336, pero los responsables de la lucha contra la violencia machista coinciden en que siguen siendo insuficientes.

Para Lorente, parte de culpa de la baja implantación radica en la falta de información o de convencimiento entre algunos jueces. "Tienen que tener en cuenta que hay un instrumento más para proteger a la víctima y que, además, es eficaz". Esa falta de "conocimiento a fondo" lleva, según Lorente, a que algunos jueces se hayan mostrado reacios a acordar el uso del brazalete por entender que no es proporcional y supone una especie de Gran Hermano en el que el agresor está siempre vigilado. "Pero el sistema solo se pone en marcha cuando el hombre se aproxima a la víctima", aclara el delegado.

El juez es el que tiene la responsabilidad de decidir el uso de este dispositivo, pero el Gobierno, la Fiscalía y el CGPJ reconocen que los instructores no siempre tienen en su mano la información que necesitan para tomar la decisión. "Los jueces deberían tener a su disposición informes periciales de riesgo desde el primer momento, pero no los tienen", lamenta Inmaculada Montalbán, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, dependiente del CGPJ. Desde 2007, los atestados policiales y de la Guardia Civil incluyen una valoración del riesgo que sufre la denunciante. Pero según Montalbán, esta valoración se nutre de la declaración de la mujer, que a menudo tiende a "minimizar el riesgo". "Lo que habría que impulsar es que los jueces tengan informes periciales completos, que no solo incluyan el testimonio de la víctima, sino también de su familia, el agresor, psicólogos y todo el que pueda aportar información relevante", advierte la presidenta del observatorio.

Esta información debe salir de las unidades integrales de valoración forense, que emiten informes a petición de los jueces. Pero Montalbán lamenta que esa documentación "casi nunca" está en manos del instructor en las 72 horas que tiene para decidir las medidas cautelares sobre el denunciado, incluida la pulsera de seguimiento. En ninguno de los casos de mujeres fallecidas en 2009 que tenían orden de protección existía un informe pericial de valoración del riesgo, asegura Montalbán.

La fiscalía especialista en violencia sobre la mujer, que dirige Soledad Cazorla, también considera que hay que fomentar el uso de las pulseras y ha pedido información a los fiscales delegados en esta materia para intentar averiguar por qué no se usan más. Cazorla no cree que exista "una reacción en contra" de estos dispositivos. Al margen de la falta de rodaje del sistema, la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer advierte de que no es fácil tomar la decisión. "Lo primero que se plantea el fiscal es si hay que pedir prisión preventiva. Y puede que nos encontremos casos en ese límite en el que la libertad del agresor puede causar problemas, pero tampoco hay que meterle en prisión". Es en esas circunstancias en las que la pulsera resulta más útil.