Confianza bancaria

Poco a poco, Europa intenta articular una red de normas que vertebren un orden económico europeo. La Comisión Europea (CE) propuso ayer elevar hasta los 100.000 euros la protección de los depósitos bancarios en caso de quiebra de la entidad financiera y reducir los pagos de esta garantía hasta los siete días. La decisión pretende consolidar la confianza de los ciudadanos en la banca europea, cuya imagen y balances parecen debilitados por la exposición a la deuda pública y privada. Al mismo tiempo, la CE también quiere prevenir escándalos y tensiones como los producidos por el caso Madoff y para ello propone cambiar las normas que protegen a los inversores, de forma que puedan ser compensados aunque la gestión del dinero se traslade a terceras firmas, al tiempo que se aumentan las compensaciones desde los 20.000 euros actuales hasta los 50.000.

La protección de depositantes e inversores no es una trivialidad. No solo aumenta la confianza de los depositantes en el sistema financiero, sino que demuestra la voluntad política de que el espacio económico europeo disponga de normas unificadas. El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada un acuerdo negociado entre los Estados miembros para limitar las bonificaciones que reciben los banqueros, ese sistema de incentivos convertido en perverso por su aplicación descontrolada durante el decenio de euforia financiera. A partir del 1 de enero, solo el 30% de las primas a los ejecutivos podrán pagarse en efectivo, al menos la mitad de esos fondos serán contingentes (el banco puede disponer de ellos en caso de dificultad), entre el 40% y el 60% de las primas se pagarán solo pasados tres años y únicamente si la entidad obtiene los resultados previstos.

Sería excesivo suponer que estas son las medidas más importantes de control de los mercados que esperan los ciudadanos y los Gobiernos. Son pequeños avances, conseguidos con gran esfuerzo. Los poderes públicos europeos (es decir, Francia y Alemania) tienen pendiente la tarea de poner en pie un supervisor financiero único, con capacidad de intervención. El supervisor será la prueba de que se puede confiar en un próximo gobierno económico europeo, eso sí, en el plazo que marque la burocracia de Bruselas.

Mientras tanto, la economía europea tiene que coordinarse mediante pruebas y exámenes. El Eurogrupo anunciará hoy que España ha de concretar las medidas para reducir el gasto público en un 1% del PIB en 2011 (el ahorro fijado por el nuevo techo del gasto) y diseñar un recorte adicional del 0,75% del PIB para ese mismo año a cargo principalmente de las comunidades autónomas. A pesar de los acuerdos genéricos, la vicepresidencia económica recela de la voluntad de los Gobiernos autónomos para cumplir con un plan de ajuste tan radical como el que está dispuesto a aplicar el Gobierno central. Y es una pena. Con un poco más de austeridad regional, la inversión pública para el conjunto del país quizá no hubiera tenido que recortarse en más de 6.000 millones.