La familia que casó a su hija de 14 años, extraditada a Mauritania

Los imanes de Mauritania van a dejar de pedir clemencia a España en la jutba (sermón) del viernes en la mezquita y algunos de sus fieles más exaltados no proferirán ya veladas amenazas contra los españoles residentes en el país ni protestarán acampando ante la iglesia católica de Nuakchot.

El Gobierno español se dispone a resolver su principal contencioso con ese pequeño país africano de tres millones de habitantes, golpeado por el terrorismo, situado a tan sólo 300 kilómetros, en línea recta, de Canarias.

Hawa M. Ch., una quincuagenaria mauritana, y Mokhtar Salem, en la cuarentena, ambos encarcelados en Puerto Real (Cádiz) van a ser trasladados a la prisión central de Nuakchot (Mauritania) para que acaben allí de cumplir la condena a 12 años que les impuso, en marzo de 2009, la Audiencia Provincial de Cádiz y confirmó después el Tribunal Supremo.

El traslado pondrá fin a las amenazas contra los españoles allí residentes

"Mis padres me decían que le matarían", declaró Selamha en Cádiz

Afincada en España desde hace 19 años Hawa fue condenada por coacciones, violencia doméstica y trato denigrante a su hija mayor, cuando tenía 14 años, en 2007. Mokhtar lo fue por agresión sexual a la menor. A Mohamed O. A., el septuagenario padre de la menor, le cayeron también dos años, pero no ingresó en prisión.

La historia arranca en el verano de 2006 cuando Hawa viajó de vacaciones a Mauritania con su hija, a la que casó allí con su primo, Mokhtar, de 41 años, un modesto empresario. El padre, un hombre casi analfabeto, no asistió a la boda, pero dio su acuerdo por teléfono. Ese matrimonio islámico no es válido en España. Madre e hija regresaron, no obstante, a Puerto Real (Cádiz), la ciudad donde residían. La niña se reincorporó al colegio con normalidad. Otros dos hijos más pequeños del matrimonio, también estaban escolarizados allí.

Mokhtar no volvió a ver a la chica hasta casi un año después, cuando aprovechó un viaje de negocios a Alemania para presentarse en Puerto Real. Trató de mantener de nuevo relaciones sexuales con la chica, pero ella se negó. Por la mañana huyó a casa de unos vecinos, la familia de Andrés Macías, que la acompañó a comisaría a poner una denuncia.

"Yo me resistía y mis padres me decían que me matarían, que me quemarían o que me cortarían el cuello", declaró ella en 2009, ante la Audiencia Provincial, mediante una videoconferencia. Aquella noche, su padre no estaba en la vivienda familiar y por eso su condena fue menor.

La sentencia indignó a toda Mauritania. Imanes, incluido el de la Gran Mezquita de Nuakchot, y políticos pidieron "comprensión" a España. Aunque reiteraba su respeto por la justicia española, el embajador mauritano en Madrid, Sidi Mohamed Ould Boubcar, insistía: "Hay que tener en cuenta las especificidades culturales y religiosas de un país como el nuestro".

Los parientes en Mauritania de los condenados en España fueron más contundentes. "Si no se acaba con la injusticia cometida no podremos impedir que mauritanos descontentos reaccionen con violencia contra la comunidad española aquí", advirtió, según la agencia Efe, Sidi Brahim Sidat, portavoz de los familiares congregados durante días ante la iglesia de la capital.

La tensión, ahora, ha decaído. La ministra de Asuntos Exteriores de Mauritania, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, intervino el 4 de julio ante el Parlamento para anunciar que "el Gobierno español ha aceptado trasladar a esta familia" a Nuakchot.

Su alocución fue algo ambigua. Por un lado señaló que la familia fue condenada "porque hizo algo castigado por las leyes de ese país" y, por otro, denunció la "islamofobia que recorre Europa so pretexto de defender los principios de la laicidad y de la libertad (...)". La solicitud de traslado se cursó a finales de abril y se prevé que esté concluida antes de que finalice el verano. Hawa, la madre, y Mokhtar, el empresario pretendiente, deberían continuar cumpliendo su pena en Nuakchot.

Es probable, según fuentes cercanas a la familia, que el padre y los dos hijos menores se instalen entonces también en Mauritania. La hija agredida, sin embargo, seguirá en Puerto Real con la familia Macías que ya la tiene en acogida y ahora tramita su adopción.

La entrega por España de los dos reos se basa en el convenio, firmado en 2006 con Mauritania, sobre el traslado de personas condenadas. Es la primera vez que se aplica.

A algunos de los que están tramitando el traslado les ha surgido la duda de hasta que punto las autoridades mauritanas se resistirán al clamor popular y no liberarán, alegando, por ejemplo, razones de salud, a los dos reos.

"El convenio se aplica para ser cumplido", replica José Álvarez, el abogado de la familia mauritana. "Si no se hiciera así se podría denunciar", advierte.

España no ha solicitado, por su parte, a Mauritania el traslado de ningún preso, pero sí la excarcelación de Tagui Ould Youssef, presunto terrorista pendiente de juicio y ex lugarteniente de Mokhtar Belmokhtar, el hombre que mantiene a dos rehenes españoles secuestrados en el norte de Malí desde hace más de siete meses.

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, viajó a Nuakchot el 6 de junio para pedírsela al presidente mauritano, el general Abdelaziz, pero no la consiguió.