El mundo condena la lapidación en Irán

La campaña para salvar a Sakineh Ashtiani pone en aprietos al régimen de Teherán - Cinco personas han sido ejecutadas por adulterio desde 2002, pese al pacto con la UE

La vida de Sakineh Ashtiani, una iraní de 43 años acusada de adulterio, pende de un hilo. Pese a que la Embajada de Irán en Londres aseguró que no sería lapidada, Teherán no confirmó ayer esta información. La comunidad internacional clama contra esta práctica bárbara recogida en el Código Penal iraní. A pesar de la moratoria en la aplicación de la lapidación de los adúlteros acordada con la Unión Europa en 2002 se han ejecutado, desde entonces, al menos a cinco personas. Los activistas de derechos humanos denuncian el frecuente recurso de Irán a la pena de muerte, incluso para los homosexuales y quienes delinquen siendo menores.

En la primera declaración pública del Gobierno iraní sobre el caso de Ashtiani, su embajada en Londres emitió un comunicado en el que negaba "las falsas noticias aireadas al respecto" y aseguraba que "según información de las autoridades judiciales relevantes, no será lapidada". La mujer, de 43 años, fue condenada a 99 latigazos por "relación ilícita" con el presunto asesino de su marido en 2006. Sin embargo, durante el juicio contra este, el juez decidió reabrir el caso y, a pesar de carecer de testigos, concluyó que dicha relación se había producido en vida del finado lo que constituía "adulterio" y dictaminó el apedreamiento.

Ni los hijos ni el abogado de la mujer saben si se aplicará la sentencia

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Ni su denuncia de que había sido coaccionada para que confesara el delito, ni su solicitud de perdón, ni las peticiones de clemencia de sus dos hijos, han conmovido a las autoridades. Sajad, de 22 años, y Farideh, de 17, han proclamado en todo momento la inocencia de su madre, un paso tan inusual como valiente, ya que la mayoría de las familias suelen dar la espalda a las mujeres acusadas de adulterio en aras de un trasnochado sentido del honor. Agotadas todas las vías jurídicas, ambos y su abogado, Mohammad Mostafaei, recurrieron a las organizaciones de derechos humanos que lanzaron una campaña internacional para salvar a Ashtiani.

Fue esa movilización, y el anuncio de manifestaciones ante las embajadas iraníes en las principales ciudades de Europa, lo que hizo reaccionar ayer a la legación diplomática en Londres. Pero ni los hijos de Ashtiani ni su letrado recibieron ninguna comunicación de los responsables judiciales. "No he sido informado de que se haya suspendido la pena. Mi clienta sigue aún en la cárcel", manifestó Mostafaei a la agencia France Presse. Como Ashtiani, hay al menos otras 15 personas, 12 mujeres y tres hombres, a la espera de ser lapidados, según los activistas. "He visto la declaración de la embajada. Es un intento de contener la ira internacional y la campaña contra la lapidación", interpreta Hadi Ghaemi, director de la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán. En cualquier caso, Ghaemi defiende en un email que "la sentencia de lapidación se dictó sin lugar a dudas".

El eco internacional del caso ha puesto a las autoridades iraníes contra las cuerdas. El Gobierno británico, la Representante Exterior de la UE, Lady Ashton; y 80 personalidades -entre ellas la ex Secretaria de Estado de EE UU, Condoleezza Rice, y el Nobel de la Paz, José Ramos-Horta-, han repudiado la barbarie iraní. La crueldad de su Código Penal es un tema extremadamente sensible, ya que en teoría sus leyes se basan en la sharía, o ley islámica. Sin embargo, cada vez son más las voces que denuncian su uso político. Para los observadores no ha pasado desapercibido que el recurso a pena de muerte ha aumentado en paralelo a las restricciones a las libertades públicas desde la llegada al poder del presidente Mahmud Ahmadineyad.

Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó a 388 personas el año pasado, el segundo mayor número después de China que tiene 20 veces más de población, y ya lleva al menos 126 ajusticiamientos este año. El método más habitual es la horca. A las numerosas dudas sobre los procesos judiciales que plantean los defensores de los derechos humanos, se suman violaciones explícitas de los convenios internacionales que el país ha firmado, como las ejecuciones de menores de edad.

Los portavoces iraníes niegan esa acusación porque las autoridades judiciales esperan a que los reos cumplan los 18 años para ejecutar las sentencias impuestas por delitos cometidos con anterioridad. Tal es el caso de Mohammad Reza Haddadi, condenado a muerte por un asesinato de 2004 cuando tenía 15 años y cuyo ahorcamiento estaba anunciado para el pasado miércoles. Como en otros casos, Haddadi se desdijo de su confesión inicial y los dos otros implicados en el crimen también le exoneraron. Según Amnistía, al menos 46 personas han sido ejecutadas por crímenes cometidos cuando eran menores.

Otro capítulo sangrante es el de los homosexuales. Aunque esa condición en sí no constituye un delito en la República Islámica de Irán, está penada cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Así, las ejecuciones de gays suelen atribuirse, con motivo o sin él, a violaciones, asesinatos o tráfico de drogas, delitos todos ellos penados con la muerte. Tal es el caso de Ebrahim Hamidi, quien según la Iranian Queer Organization con base en Canadá, ha sido condenado a muerte por sodomía "sin la menor prueba y después de haber sido torturado". Además, en ocasiones se añade la acusación de homosexual a disidentes políticos en un aparente intento de desprestigiarlos ante una sociedad que se muestra muy reacia a aceptar esa realidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 10 de julio de 2010.

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