Menos blindaje competencial

Más allá de su apuesta por una nueva financiación autonómica y por una España más federal, los partidos catalanes que impulsaron el Estatuto querían acabar con la "invasión" competencial del Estado en aquellas materias que Gobierno central y Generalitat legislan de forma coordinada, como la sanidad y la educación. El Estatuto determinaba que esto solo podría hacerse en "normas con rango de ley", excepto en los supuestos establecidos en la carta autónómica y en la Constitución. Con ello se buscaba "blindar" las competencias compartidas para evitar que con un simple reglamento el Gobierno central pudiese variar políticas compartidas con la Generalitat. No será así.

La sentencia rechaza de plano esta pretensión y declara inconstitucional gran parte del artículo 111. Según los magistrados, "también es posible predicar el carácter básico de normas reglamentarias y de actos de ejecución del Estado". Eso significa que el Estado, a la hora de legislar sobre estas competencias compartidas, podrá seguir haciéndolo con la figura normativa que crea oportuna.

La sentencia dice en concreto que un Estatuto no puede interpretar el rango de las normas con las que el Estado legisla de competencias compartidas. Si las bases son "principios" o "normación mínima no es asunto a dilucidar en un Estatuto, sino solo en la Constitución", dice el texto. Y "ello es así, ante todo, por razones de concepto", pero también por motivos de orden estructural y práctico. "De un lado, porque el concepto, el contenido y el alcance de las bases no pueden ser, como regla general, distintos para cada comunidad, pues en otro caso el Estado tendría que dictar uno u otro tipo de bases en función de lo dispuesto en cada estatuto de autonomía".

En el ámbito de las competencias exclusivas de la Generalitat, el tribunal mantiene la constitucionalidad del artículo 110, aunque restringiendo su interpretación.

El Gobierno catalán está preocupado por estos recortes, pues entiende que "debilitan la calidad del autogobierno". Además, a diferencia de otros aspectos considerados inconstitucionales -como el establecimiento de un poder judicial catalán-, en el ámbito competencial no puede hacerse una ley orgánica para resolver el problema. "Esto nos obligará a seguir pactando una a una todas las leyes con el gobierno de turno", explican fuentes de la Generalitat. Pese a ello, el tripartito admite que mientras el Estatuto ha estado vigente el Estado ya ha actuado sin tener en cuenta lo que establecía sobre las competencias.