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Nuevo escándalo en la Comunidad Valenciana

La trama de Alicante no es solo basura, según la investigación

Las pesquisas apuntan a blanqueo de dinero y financiación de partidos

La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante) va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron ayer fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes.

La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.

Ripoll paralizó la contrata de una planta al trascender la investigación

Entre las pruebas hay centenares de grabaciones y escuchas telefónicas

La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?

Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.

Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.

La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.

El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de julio de 2010