Génova se aferra a la conspiración y evita tratar el fondo del escándalo

El PP está convencido de haber encontrado una vía de escape político para el nuevo escándalo de corrupción que afecta al partido en la Comunidad Valenciana, y ha decidido explotarla al máximo. Los populares creen que el Ministerio del Interior ha cometido una enorme torpeza al decidir la detención de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, sin contar con la autorización del juez. Aunque no sea ilegal, los dirigentes del PP creen que los mandos de la policía han cometido un error político que les deja un gran espacio a la crítica.

Por eso, el líder del PP, Mariano Rajoy, no se lo pensó ayer dos veces y autorizó a su portavoz, Esteban González Pons, a salir en una muy excepcional rueda de prensa -el PP solo convoca habitualmente los lunes a los periodistas en la sede nacional del partido, en la calle de Génova- para lanzarse a la yugular del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pese a que este había avisado la noche anterior al propio Rajoy de que la operación se iba a producir, como adelantó ayer El Mundo. Y llegó a acusar a la policía que dirige Rubalcaba de "mentir" y "suplantar al juez".

Rajoy, que conocía la operación, ordena atacar a Interior y ganar así 24 horas

Las palabras de González Pons fueron muy gruesas, en una estrategia a la ofensiva muy similar a la que los populares adoptaron cuando estalló el escándalo del caso Gürtel. Entonces denunciaron tanto la actuación del juez Garzón como la de la policía o la fiscalía. Poco a poco, sin embargo, cuando la investigación y otros jueces iban confirmando los datos apuntados por las primeras informaciones, el PP fue apartando a cuentagotas a los implicados, salvo en la Comunidad Valenciana.

Algunos dirigentes reconocían ayer en privado que en este asunto puede suceder algo parecido si finalmente Ripoll acaba imputado por el juez, que hoy le tomará declaración, por lo que la estrategia habría durado apenas 24 horas. Rajoy, mientras tanto, se mantuvo ayer desaparecido para los medios de comunicación.

González Pons atribuyó directamente la decisión de detener a Ripoll a una operación política dirigida por Rubalcaba con el objetivo de distraer la atención y preparar un ambiente anti-PP precisamente a una semana de un debate del estado de la nación, que Rajoy confía en ganar con claridad ante un Zapatero en dificultades. Esto es, el PP puso en marcha una nueva teoría de la conspiración de fiscales y policías contra este partido.

"Las detenciones fueron confusas y echan tufo a detención publicitaria y política para allanar el camino de Zapatero ante el debate del estado de la nación más difícil de su vida", sentenció González Pons.

El portavoz del PP criticó también la forma "espectacular" en la que se habían producido las detenciones. Aunque esta vez no ha habido fotos del momento de la detención, algo que ha criticado mucho el PP en el pasado, González Pons aseguró que se habían enviado "80 policías desde Madrid" para realizar unas detenciones que "no se han hecho de la manera que menos pueda perjudicar la reputación del detenido, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El PP encontró ayer un aliado inesperado y muy poco habitual en su estrategia de contestar al escándalo a la ofensiva: el juez del caso. González Pons se aferró en todo momento a la aclaración del juez, enviada a través de una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -después hubo otra en la misma línea-, en la que el juez se desvinculaba claramente de la decisión de detener a Ripoll y a los demás implicados y mostraba su malestar -resaltando la palabra NO en mayúsculas- con las versiones que insistían en que él estaba detrás de toda la operación. "Insistir en que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", decía la última nota del juez.

Sin embargo, ni González Pons ni ningún otro dirigente quiso entrar al fondo del asunto, esto es, el escándalo de corrupción sobre un contrato de basuras millonario en la Diputación de Alicante y la implicación de su presidente, que pone al PP de esta comunidad en una situación muy delicada tras el caso Fabra y el caso Camps. González Pons no ocultó que sobre eso no iba a decir nada. "Nosotros no entramos a valorar el fondo del asunto. Estamos aquí para denunciar que en Alicante se produjeron detenciones para hacer publicidad política a costa de derechos fundamentales", sentenció ante los periodistas.

Rajoy, que no se acercó a una cámara en todo el día, sin embargo sí llamó el martes a Ripoll para, según contó este último, ofrecerle "todo su apoyo". Sin embargo, González Pons no quiso confirmar esa llamada y Soraya Sáenz de Santamaría, que había hablado por la mañana en Radio Nacional, evitó apoyar explícitamente a Ripoll.

González Pons, que en su época como consejero en la Comunidad Valenciana estuvo muy enfrentado al zaplanista alicantino, se limitó a decir: "Todos los miembros del PP tienen el apoyo de la dirección nacional".