El Tribunal Superior valenciano atiza el victimismo del PP ante el Gobierno

La postura oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre la Operación Brugal en Alicante, contenida en sendos comunicados oficiales contradictorios emitidos ayer sobre los 11 arrestos efectuados el martes, entre ellos el del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, por presunta corrupción, envolvió ayer el caso en una ceremonia de confusión. Las tesis del tribunal, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente valenciano Francisco Camps, sirvieron para atizar la estrategia del PP contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía.

La espoleta de ese comportamiento del PP, que suscribió el Tribunal Superior valenciano, fue la no participación directa en la operación del juez instructor, ni tampoco en las detenciones ni en la comunicación de las posteriores citaciones judiciales. El tribunal, y en paralelo destacados dirigentes populares, mantuvieron que el juez instructor no emitió ninguna orden de detención ni cédula de citación, y que tampoco tuvo conocimiento del desarrollo de la operación. Los líderes del PP, encabezados por el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, llegaron a cuestionar la legalidad de las detenciones y acusaron directamente al Ministerio del Interior de desatar una campaña propagandística para beneficiar los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del estado de la nación.

Interior y la Fiscalía General aseguran que el juez conocía los arrestos

Ripoll leyó textualmente el auto de citación del juzgado instructor

Frente a estas tesis, ayer se posicionaron, de manera unánime, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Policía, la Fiscalía General de Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Los cuatro organismos afirmaron que los comunicados del TSJ son "falsos" y que el juez instructor estuvo al tanto, en todo momento, de los detalles de la operación, incluidos los registros y las detenciones.

El TSJ, en una primera nota emitida sobre las 11.00, aseguró que el magistrado instructor, Carlos San Martín Gómez, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, no había emitido ninguna orden de detención ni cédula de citación. "Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", recogía expresamente la nota. En los mismos términos de contundencia se expresó en el apartado de las citaciones, aunque puntualizó que "el juzgado no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarde relación con estas diligencias en el día de hoy", en alusión a la jornada de ayer. Las citaciones serán hoy.

A primera hora de la tarde, sin embargo, el mismo tribunal emitió una segunda nota que corregía la primera, lanzaba críticas nada veladas a Interior y la policía y desvelaba datos sustanciales del proceso omitidos inicialmente. En esta segunda nota, el TSJ admite que los 19 registros policiales efectuados con motivo de las detenciones sí fueron autorizados por el juzgado instructor mediante un auto del pasado 1 de julio. También puntualizó que la policía sí tiene competencia para efectuar las detenciones realizadas durante la operación. El comunicado insiste en que no hay un auto de detención, pero admite también que "la policía puede practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación". Y en cuanto a las citaciones, se señala: "La policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez".

Pese a estas aclaraciones, la nota reconoce en relación a las comparecencias de los detenidos previstas a partir de hoy jueves, que "a media tarde [la tarde del miércoles para el lector], el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial al respecto".

La nota omite que todos los registros policiales se desarrollaron en presencia de un secretario judicial (el titular del juzgado en el caso de los de Orihuela y de los de guardia en los registros de Alicante y Valencia). Este funcionario judicial presenció toda la operación desarrollada por los agentes y "consintió los arrestos", precisó una fuente del caso.

La policía realizó los 11 arrestos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, órgano que abrió la investigación de este caso en marzo de 2007. Hacia las 15.00 del martes, la Fiscalía Anticorrupción comunicó a la policía que podía dejar en libertad con cargos a todos los detenidos tras prestar declaración por no creer "necesario mantener su arresto en los calabozos" hasta su puesta a disposición judicial, agregan fuentes del caso. Ninguna de las fuentes judiciales vinculadas con el proceso consultadas por este periódico cuestionó ayer la legalidad de los registros ni de las citaciones judiciales. Estas fuentes aceptaron que la citación judicial a través del Ministerio del Interior y firmada por el agente que acaba de interrogar al detenido no es habitual pero sí adecuada para casos que la investigación considera urgentes.

La lluvia de críticas al Gobierno de los dirigentes populares por esta supuesta teoría de la conspiración contrastó con la moderación del implicado de mayor calado de la operación, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Éste, en una comparecencia ante la prensa en la mañana de ayer, de manera escueta y sosegada, admitió que estuvo detenido 12 horas, que declaró durante 10 minutos ante los agentes de la comisaría de Alicante y que al término, tras quedar en libertad, recibió una notificación para comparecer ante el juzgado instructor a las 14.00 horas de hoy. Una notificación que leyó varias veces. "No sé de qué se me acusa, pero mañana [por hoy] iré al juzgado". Ripoll elogió incluso el trato dispensado por los agentes y no mencionó nada sobre una supuesta campaña organizada desde el Gobierno contra el PP.