Un auto secreto autorizó el operativo

La actuación de la policía en la detención y la liberación de José Joaquín Ripoll y los posteriores registros de su domicilio y de su despacho en la Diputación de Alicante estuvieron en todo momento amparadas por el juez Carlos San Martín Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela. El magistrado dictó el pasado 1 de julio un auto de 19 folios -cuyo contenido íntegro permanece secreto, como toda la investigación- en el que autorizaba el "traslado" a su juzgado de las personas que pudieran resultar detenidas en la operación.

Ese auto ordena en total 17 diligencias -entre las que se encuentran los registros efectuados ayer- y recoge los delitos que presuntamente han cometido Ripoll y los empresarios arrestados, según fuentes de la investigación. Varios jueces consultados por este periódico aseguran, además, que en todo caso, la policía puede practicar las detenciones que estime convenientes para su investigación con el único requisito de comunicarlas al juzgado en el plazo máximo de 24 horas. Fuentes de la investigación aseguran que el auto, aunque no ordena expresamente los arrestos, hace referencia expresa a ellos.

La mayoría de las diligencias establecidas en esa resolución tenían la fecha concreta del 6 de julio, es decir, el pasado martes, cuando tuvieron lugar los registros y las detenciones, lo que acotó aún más la discrecionalidad de los agentes. El acuerdo con el juez era tal que, antes de dejarlos en libertad, la policía les comunicó a los detenidos que estaban citados en el juzgado para hoy y mañana porque el juez San Martín tenía ayer una reunión y no podía tomarles declaración, según fuentes jurídicas.

Por lo tanto, según esas mismas fuentes, toda la actuación de la policía se realizó cumpliendo las instrucciones del juez. No fue una decisión de la fiscalía ni de los propios agentes sino que todo se debió a un procedimiento judicial que fue abierto en 2007 y que, desde entonces, permanecía secreto.

Los dos comunicados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han producido un enorme malestar en la Fiscalía Anticorrupción. Sobre todo porque en esa institución se considera "correcta" la actuación del juez y "conforme a los indicios de criminalidad" que existen en el procedimiento contra los implicados.

Las fuentes consultadas ven detrás de la operación al presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, al que el presidente valenciano, Francisco Camps (PP), considera "más que amigo".