Zapatero llamará a Rajoy para pactar el sustituto de Múgica

Los tres quintos de los votos del Congreso y del Senado que se requieren para nombrar al sustituto de Enrique Múgica, cuyo segundo mandato como Defensor del Pueblo expiró el pasado 30 de junio, obligan necesariamente a un pacto entre el PSOE y el PP o al bloqueo indefinido.

El presidente Zapatero, pretende resolver este nombramiento de manera pacífica, para lo que llamará al presidente del PP, Mariano Rajoy y, juntos, nombrar a una persona, con perfiles políticos y profesionales asumibles para los dos partidos, según aseguran fuentes del entorno del presidente. De esta manera, Zapatero asume esta tarea en vez de dejar que sean los grupos parlamentarios los que comiencen la negociación. La fecha aún está en el aire.

Está abierta la interinidad de dos tercios del Tribunal Constitucional

Aunque las fuentes gubernamentales consultadas no excluyen del todo la posibilidad de que la primera conversación para este asunto se produzca antes del mes de agosto, apuntan al mes de septiembre como más probable. Durante las próximas semanas hay muchos asuntos de gran relevancia pendientes, como la aprobación de la reforma laboral y el techo de gasto para los Presupuestos del Estado del próximo año.

Desde el lado del PP, tampoco se ha mostrado tener mucha prisa por este asunto e incluso se apunta a que quizá sería más razonable "discutir las vacantes de todos los órganos institucionales".

Está pendiente la renovación de miembros del Tribunal Constitucional en el Senado, que podría desbloquearse una vez que el PP ha logrado su propósito de que el actual dictara la sentencia del Estatuto de Cataluña. El PSOE no acepta en el Senado la propuesta del PP de votar a Enrique López y Francisco José Hernando. También está pendiente la renovación de miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española.

Fuentes del Grupo Popular aseguran que no han recibido aún ninguna indicación del PSOE para la renovación de Múgica y que la iniciativa corresponde en todo caso al Gobierno. Obviamente, mantienen que, aunque negociarán sin condiciones previas, el futuro Defensor del Pueblo debe tener un perfil de consenso y, en todo caso, más próximo a la oposición que al PSOE. Recuerdan que a Enrique Múgica lo propuso José María Aznar, pese a que era diputado socialista.

También aseguran que no tendría sentido abordar la renovación del Defensor del Pueblo sin avanzar en el resto de las vacantes pendientes y que requieren el acuerdo de los dos grandes partidos.

Además de las citadas, está pendiente desde hace dos años en el Congreso la del magistrado Roberto García Calvo en el Tribunal Constitucional y desde la semana pasada ha empezado a correr el plazo para sustituir a otros tres magistrados: Javier Delgado, Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera.

Si no se procediera a esta renovación, el Constitucional tendría a dos tercios de sus miembros en situación precaria y en funciones.

Por eso, el PP considera que lo lógico sería abordar todas esas vacantes y otras de organismos reguladores, como un paquete para cerrar en los primeros plenos del próximo periodo de sesiones.

Precisamente este es un temor que albergan los socialistas, ya que cuando el PP "no tiene interés en renovar órganos constitucionales dice que hay que pactar en bloque", señalan fuentes parlamentarias.

Interlocutores socialistas resaltan la certeza que reina en el PSOE de que "pactar con el PP es aceptar a su candidato". Y lo dicen porque en los últimos nombramientos, sobre todo de órganos judiciales, se ha propagado que los designados eran los únicos que el PP aceptaba, después de barajar diferentes nombres. No obstante, y aunque así sea, tanto el caso de Carlos Dívar, presidente del Consejo General del Poder Judicial o anteriormente Alberto Oliart, en la presidencia de RTVE, son del absoluto agrado de Zapatero, aunque también lo sean del PP.

De nombres para el Defensor del Pueblo circulan varios desde hace semanas sin que en el entorno de Zapatero se pronuncien "ni a favor ni en contra". Francisco Vázquez, del PSOE, actual embajador de España en el Vaticano, es el nombre que más se sostiene en el tiempo.

El anterior Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, militante y dirigente histórico del PSOE, fue propuesto por el PP en el año 2000, concretamente por el presidente del Gobierno de entonces, José María Aznar. El PSOE lo aceptó y repitió para otro nuevo mandato.

El nombramiento de Múgica fue rechazado en su momento por los partidos nacionalistas y su gestión fue criticada por su recurso contra el Estatuto de Cataluña. Múgica no solo recurrió el artículo referido a la actuación del defensor en Cataluña y las funciones del Sindic de Greuges, sino también otras sobre el concepto de nación y la lengua.

El cese de Múgica al concluir su mandato es automático. La pasada semana asumió sus funciones su número dos, María Luisa Cava de Llano, propuesta en su momento por el PP. Cabe la posibilidad de que se decida dar permanencia a la interinidad de Cava de Llano, nombrándola Defensor del Pueblo.