"La sentencia fortalece la unidad de España desde la diversidad"

Su trabajo de experto constitucionalista dio tranquilidad al Gobierno, que insistió durante cuatro años en que el Estatut era "plenamente constitucional". Francisco Caamaño (nacido en Cee, A Coruña, hace 47 años) peló el texto en 2006 sabiendo ya que el PP lo recurriría.

Pregunta. ¿Se siente malherido porque el Tribunal Constitucional haya tachado en rojo 14 artículos del Estatuto de Cataluña, cuya redacción fue, en una parte importante, obra suya?

Respuesta. No me siento especialmente herido por una razón, porque vivimos en una sociedad abierta de intérpretes constitucionales. A la vista de la sentencia, se puede decir con rotundidad que la valoración y el juicio de constitucionalidad que hicieron el Congreso y el Senado acertó aproximadamente en un 98%. Y eso en muchos test científicos, ya no interpretativos, es el 100%. Por tanto, la sentencia que ha salido del Constitucional, donde se declara inconstitucional un solo artículo y habrá que ver en los fundamentos por qué, y se tocan adjetivos de otros 14, me parece que respeta profundamente la práctica totalidad del estatuto de Cataluña y da la razón a las Cortes.

"Zapatero no pudo prometer lo que corresponde solo al Constitucional"

"El PP recurrió el Estatuto para mantener tres años una enorme tensión"

"El tribunal reconoce el deber de conocer el catalán y que sea vehicular"

"En democracia es el Constitucional el que tiene que tener la última palabra"

P. El presidente del Gobierno anunció en Cataluña que saldría adelante el texto que aprobase el Parlamento catalán y eso, después del pronunciamiento del Constitucional, no ha sido así...

R. Lo que prometió fue apoyar el Estatuto de Cataluña, pero lo que nunca pudo prometer es lo que corresponde decidir con nuestra Constitución en la mano a un órgano que opera de manera independiente y que es el intérprete de la Constitución, el último, en el sentido que dicen los norteamericanos que es su Tribunal Supremo. Los norteamericanos dicen que el Supremo tiene la última palabra no porque es el más listo sino porque alguien tiene que tener en una democracia la última palabra. Frente al discurso del PP de que los derechos rompían la igualdad de los españoles, un estatuto que tiene más competencias; frente al discurso del PP de que era imposible dar más ámbitos de autogobierno, un estatuto que tiene una financiación; frente a la idea del PP de que era una reforma encubierta, un estatuto que reconoce la bilateralidad y la acción exterior de las comunidades autónomas en el contexto de la Unión Europea; frente al discurso del PP que nos decía a todos que todo esto equivalía a un Estado confederal y a la disolución de España, esa interpretación del Congreso ha sido validada casi en su totalidad por el intérprete último que es el Tribunal Constitucional.

P. ¿Comparte usted la tesis de que el Constitucional no podía tocar una coma del Estatuto porque había sido aprobado por el Parlamento catalán y las Cortes y refrendado por los catalanes?

R. No. No hay ninguna norma por encima de la Constitución y el guardián de la Constitución se llama Tribunal Constitucional. Por tanto, está plenamente legitimado para pronunciarse y emitir cualquier juicio de constitucionalidad sobre cualquier norma situada por debajo de la Constitución. Y un estatuto de autonomía, aunque haya sido refrendado por los ciudadanos, siempre estará por debajo de la Constitución.

P. ¿Está de acuerdo con la decisión del Constitucional sobre la nula eficacia jurídica del término nación en el Preámbulo?

R. El PP sabía que había dos sentencias del Constitucional anteriores a esta donde claramente decía que el preámbulo de una norma no tiene valor jurídico. El PP sólo pretendía prolongar un debate político ante la sociedad y mantener durante tres años una enorme tensión.

P. ¿Considera usted que Cataluña es una nación?

R. Es lo que los ciudadanos catalanes sienten que es, que es lo que dice su preámbulo. Jurídicamente, Cataluña es lo que dice su artículo primero del Estatuto, una comunidad que forma parte del Estado español. No deberíamos confundir nunca el debate sentimental, el político y el constitucional.

P. ¿Su sentimiento de Galicia, como gallego, cuál es? ¿Es una nación o una comunidad?

R. Yo creo que Galicia es una comunidad autónoma que tiene elementos identitarios propios, que cada uno puede valorar como quiera, pero que forma parte del proyecto común de España.

P. Montilla y Mas se conjuran para presionar y negociar que aquellos aspectos derogados por el Constitucional se recuperen a través del Gobierno central. Zapatero cree que hay posibilidades. ¿Usted qué opina?

R. Los aspectos tocados son muy pocos. Vamos pieza a pieza. El fallo nos dice que de todo el régimen lingüístico, elimina la palabra preferente referida a la utilización de los medios en la administración, no fuera, y en los medios de comunicación públicos, habrá que ver con qué matices. Pero fuera de eso, que la lengua puede ser vehicular en las escuelas, en los consumidores, etcétera, ha quedado plenamente convalidado por el Tribunal Constitucional. Siguiente punto: los consejos judiciales. Aquí no podemos, sin conocer la sentencia, adelantar el razonamiento. Puede ser una inconstitucionalidad de contenido o de forma. Puede decir que para que eso sea posible tiene que decirlo antes la Ley Orgánica del Poder Judicial.

P. ¿Hay algo en la sentencia que impide aplicar en Cataluña el modelo de normalización lingüística vigente hace años y que permite utilizar el catalán como lengua vehícular en la enseñanza?

R. En mi opinión, no. El Tribunal, primero, ha reconocido el deber de conocer el catalán...

P. Pese a que hace años tumbó una ley gallega que obligaba a conocer el gallego...

R. La Constitución dice que el estatuto de cooficilidad de las lenguas lo fija la Constitución y el Estatuto. No la Constitución y una ley. Por eso, el pronunciamiento es muy relevante. El Estatuto de Cataluña no dice que todos tienen el deber de conocer el catalán, dice que los catalanes tienen el derecho y el deber de conocer el castellano y el catalán. Y la pregunta es ¿en qué se proyecta ese deber? En los artículos que están después, cuando se establecen los deberes de conocer en la escuela, en el consumo...

P. ¿Es la sentencia la menos mala de las posibles? Lo dicen tanto el PP como su Gobierno.

R. A mí me parece una muy razonable, una sentencia que nos dice que el Estatuto es constitucional y que la interpretación del PP es rechazada por el Tribunal. El espíritu de la Constitución es alcanzar la unidad de España mediante el reconocimiento de su diversidad, eso que denominamos la España plural. Creo que cuando valoremos lo que ha supuesto el esfuerzo de Cataluña para la configuración del estado autonómico lo veremos como un avance para Cataluña y también para el resto de comunidades, que, no nos engañemos, aunque sus estatutos no estén recurridos, beben de la misma filosofía.

P. En Cataluña, algunos partidos tienen la idea de que el Gobierno no ha hecho lo suficiente por renovar un Tribunal Constitucional al que consideran deslegitimado, porque algunos de sus miembros tenían el mandato caducado desde hace varios años.

R. Lo que nos importa es que haya un Constitucional que ha dictado sentencia y cumplido con sus deberes. Sin la voluntad del PP no hay renovación posible, y los hechos ponen de manifiesto quién nunca quiso llegar a un acuerdo.