La euroorden contra la violencia machista no saldrá bajo la presidencia española

La polémica euroorden de protección para las víctimas de violencia doméstica deberá seguir esperando, para frustración de la presidencia española de La Unión, que deseaba una decidida acción contra lo que la eurodiputada socialista Carmen Romero califica de "terrorismo privado". La Comisión Europea insiste en que la diversidad de procedimientos en La Unión para responder a este tipo de casos, hace imposible por ahora aplicar en los Veintisiete el procedimiento penal existente en España y algún otro país. La popular Teresa Jiménez-Becerril aboga por dedicar el tiempo necesario a dotarse de un instrumento eficaz.

Sacar adelante esta euroorden era una de las prioridades de la presidencia española, que no contaba con las trabas que le podría llegar a presentar la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, responsable de Justicia. En un Consejo de Ministros de Justicia celebrado en Luxemburgo a principios de mes, Reding y el ministro español, Francisco Caamaño, ofrecieron el inaudito espectáculo de disputar en público con muy mal estilo sobre las ambiciones de uno y otra.

Influido por aquella reunión el Parlamento Europeo volvió ayer sobre el asunto, con las partes enrocadas en sus respectivas posiciones. El director general de Libertad y Justicia de la Comisión Europea, Jonathan Faul, reiteró que la base legal de la directiva propuesta por España (comiéndole el terreno a la iniciativa que corresponde al Ejecutivo comunitario) es cuestionable porque la euroorden sólo puede ser aplicada en países en que la protección es dictada por una autoridad penal (como España, Francia o Italia), mientras que hay otros en que la violencia doméstica es tratada por vía administrativa, civil o mixta.

Romero, como ponente de un informe de la Comisión de Interior, Justicia y Libertades Civiles, insistió en que esos eran argumentos falaces porque los servicios jurídicos de la Eurocámara y del propio Consejo avalan la tesis de la presidencia española. Según ella "estamos hablando de terrorismo doméstico, de terrorismo privado" que requiere un mecanismo rápido de prevención. Jiménez-Becerril, ponente en la Comisión de Derecho de la Mujer e Igualdad de Género, se mostró partidaria de tomarse el tiempo necesario para lograr un acuerdo aplicable y útil para las víctimas.

La Eurocámara admitirá enmiendas a la propuesta española de directiva hasta el 12 de julio y votará sobre ellas, todavía en fase de comisión, el 29 de septiembre. En octubre lo volverá a discutir el Consejo de Ministros de Justicia, ya bajo presidencia belga. El asunto lleva camino de prolongarse durante meses. Faul sugirió ayer un enfoque en dos fases: legislar sobre los aspectos penales a la vuelta del verano y completar la propuesta española con otra que la Comisión podrá presentar en 2011.