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COLUMNA

Justicia y "cachondeo"

Después de una ausencia de algunas semanas uno toma contacto de nuevo con la realidad del país y no deja de quedar algo desorientado y preocupado.

Están en la cárcel Fèlix Millet y Jordi Montull. Desde hace meses, casi un año, hemos asistido a una constante tensión entre la opinión pública y el juez Solaz. La primera pensaba, con razón, que la cárcel era el lugar adecuado para dos estafadores confesos que, según se va sabiendo, han robado varias decenas de millones de euros al Palau de la Música. La actuación judicial, difícil de interpretar sin caer en la teoría de la presión exterior, está siendo lenta, complaciente e ineficaz, a no ser que el objetivo sea, precisamente, retrasar el proceso y evitar así el esclarecimiento de los hechos y de todas sus derivaciones. Esta situación ha llevado incluso a abrir una vía parlamentaria de investigación, cuya oportunidad habrá que ver, sobre el destino final de algunos de los fondos canalizados a través del Palau.

Últimamente, el prestigio de las instituciones judiciales ha ido reduciéndose progresiva y peligrosamente

La juez De Rosa, no puedo opinar si acertadamente, ha decretado prisión preventiva para Millet y Montull. Se detecta una satisfacción general ante ello y una sensación de que, por fin, se está haciendo justicia. Creo que es una satisfacción muy comprensible, pero equivocada y peligrosa. Quedarnos satisfechos no debería impedir un análisis más profundo de lo que está ocurriendo.

Esta satisfacción es equivocada porque, aunque estas personas merecen estar en prisión, es dudoso que los hechos concretos que ahora se juzgan los justifiquen y que las razones alegadas no sean discutibles. Millet y Montull deben estar en la cárcel seguramente por estafa y robo, pero no por indicios de tráfico de influencias. Y peligrosa porque el nuevo escenario desvía totalmente la atención del caso Palau -en el que lo importante es saber quién ha robado y quién se ha beneficiado del robo- para centrarlo en un aspecto concreto de recalificación de un solar en el que tal vez aparecerá alguna irregularidad, pero que tiene una importancia mínima comparada con el grueso del saqueo. Algo todavía más peligroso, pero muy beneficioso para Millet y Montull, es que este giro pone en la palestra -¡y sobre todo en las portadas de los periódicos!- a políticos del Gobierno y de la oposición, de todos los partidos, que deben aparecer para justificar por qué atendían las llamadas telefónicas de Fèlix Millet y por qué atendían o rechazaban sus peticiones.

La transparencia es buena. Que nadie pueda esconder nada es muy bueno. Pero que se confunda, mezcle y ponga juntos a estafadores con políticos, acertados o no, pero, en principio, honestos, es lamentable. Es indignante ver el tratamiento que la prensa ha hecho sobre la citación de la juez, como testigo, al consejero Castells y la mención a Xavier Trias, y aún más indignante la utilización acusatoria de este hecho por parte del abogado defensor de Montull, que hace una pasada rápida por la información de los medios, acaba poniendo a todos en el mismo saco, un saco lleno de porquería pero que tan solo algunos han contribuido a llenar.

Entre tanto, mirando hacia Madrid, uno sigue encontrando un grupo de jueces, algunos recusados, otros caducados y otros perdidos, que se siguen reuniendo en el TC para decidir si lo que han acordado los órganos soberanos elegidos por el pueblo de Cataluña (el Parlament) y por pueblo de España (el Congreso de Diputados) y refrendado directamente por los ciudadanos catalanes les parece bien o no, con la pretensión de reinterpretar ellos lo que pactaron hace cuatro años ambas soberanías.

Creo que se equivocó el alcalde de Jerez cuando hace unas décadas afirmó: "la justicia es un cachondeo", pero estos días he pensado que hay que reconocer que últimamente el prestigio de las instituciones judiciales ha ido reduciéndose progresiva y peligrosamente.

La justicia es la clave del Estado democrático y, por ello, debe ser independiente y soberana. La independencia y la soberanía la imponen las leyes, pero el prestigio sólo lo conceden los ciudadanos cuando se lo ganan los jueces. Creo que podríamos hacer una lista de jueces, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en toda España, que han hecho poco últimamente para mejorarla. Y los órganos de gobierno propios han actuado más como defensores endogámicos de algunos jueces que como veladores de su profesionalidad.

La soberanía sin prestigio se puede convertir en un peligro para todos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de junio de 2010