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Robledo insiste en negar el padrón a los inmigrantes en paro

El alcalde desoye la orden del Gobierno regional para que cumpla la ley

El alcalde de Robledo de Chavela, Mario Anselmo de la Fuente (PP), ha decidido desafiar a la ley y a la autoridad. En su municipio de 3.800 habitantes, donde un 14% de ellos son extranjeros, no se permite el empadronamiento a los inmigrantes si no tienen un contrato de trabajo en vigor. Una condición que, además de ser contraria a lo que exige la Ley de Bases de Régimen Local (la que regula el modo en el que se debe registrar una persona en cualquier municipio del Estado), no se exige a los españoles que solicitan empadronarse allí.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, su responsable político desde la Comunidad y secretario general de su partido, asegura que ha pedido personalmente al alcalde que retire sus normas ilegales, pero ayer a los inmigrantes se les seguía solicitando un contrato laboral para acceder al registro de Robledo. ¿Por qué? "No responderemos a ninguna pregunta", contestaban desde el Consistorio.

Granados no es el único frente en contra que tiene el alcalde. También la oposición en el municipio ha pasado por registro una moción para debatir en el pleno (que se celebrará en los próximos días) la retirada de estas reglas, y la asociación de inmigrantes marroquíes mayoritaria en España, ATIME, envió la semana pasada una denuncia al Defensor del Pueblo, suscrita al menos por 14 afectados, solicitando su intervención ante la actitud del regidor. A De la Fuente, que lleva 15 años al frente del municipio, le da igual todo eso. "Solo daré explicaciones de lo que hago en mi municipio si me lo exigen los tribunales", dijo a este diario el pasado 7 de junio al ser cuestionado sobre este tema.

La mayoría de la inmigración en Robledo es de origen marroquí. Algunos de ellos aseguran que, desde 2008, se les niega el acceso al padrón si están en paro aunque presenten su documentación en regla y un contrato de alquiler o un título de propiedad de un piso (la única documentación que efectivamente exige la Ley de Bases). "Como he hecho en los cinco municipios donde me he empadronado desde que llegué a España en 1993", se queja Mimount el Jafoufi, una marroquí que reside en Robledo desde hace unos meses "Pero aquí siempre me dicen que no". A ella y a sus compatriotas les preocupa que les nieguen servicios básicos gratuitos como la enseñanza y la sanidad, para los cuales es preceptivo estar registrado.

El Jafoufi asegura que la última vez que lo intentó, al insistir en que no podían negarle el empadronamiento, un policía local le dijo: "O te vas, o te cojo del cuello y te tiro a la calle". Tampoco a esta acusación han querido responder desde la casa consistorial.

Mohammed Azahaf, coordinador federal del grupo árabe socialista, adelanta que piensa asistir al pleno donde presentará la moción su partido, que solo cuenta con tres concejales frente a los ocho del PP. Tampoco piensa quedarse de brazos cruzados ATIME: "Es que Granados no le tiene que pedir nada al alcalde, se lo tiene que exigir. Si no cambia la situación, presentaremos una querella", advierte su presidente, Kamal Rahmouni.

A De la Fuente se le agotan las posibilidades para seguir imponiendo su ley. Todo apunta a que al final, efectivamente, tendrá que responder ante un juez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de junio de 2010