La nueva sede de la Consejería de Medio Ambiente carece de licencia

El que tutela el urbanismo regional no tiene licencia. A veces estas cosas ocurren. Los responsables regionales culpan a la empresa que les arrienda su sede y han manifestado su enfado con su gestión, pero eso no les exime de su cumplimiento. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio lleva unas semanas de mudanza. Traslada sus oficinas a una nueva sede en un emblemático edificio situado en el número 16 de la calle de Alcalá. Lo hace, dice, para ahorrar porque el alquiler es más barato (3,6 millones al año). Decenas de trabajadores ya están instalados allí desde hace semanas. Pero el edificio carece de licencia de actividad. Un supuesto error de la empresa arrendataria, GMP, ha cogido por sorpresa a los responsables de la consejería.

Los trabajadores ocupan el edificio desde hace varias semanas

La Comunidad reclamó la licencia de actividad el pasado lunes

Un portavoz regional explica que el lunes pasado presentaron la solicitud de licencia de implantación de actividad. Este documento les otorgaba el permiso de forma provisional. Pero GMP retrasó la tramitación de otra de las licencias necesarias, la de funcionamiento. Lo que paraliza todo el trámite. Ahora la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid no puede otorgar el permiso para el comienzo de la actividad. Antes, los técnicos municipales tienen que verificar el expediente y comprobar que las obras de reforma que se realizaron en el edificio se ajustaron al proyecto. De todas formas, hasta el pasado lunes, tras una pregunta parlamentaria sobre el asunto, la Comunidad de Madrid no presentó la solicitud de licencia. El pequeño detalle burocrático ha provocado que durante semanas el edificio carezca de la correspondiente licencia.

El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo asegura que le parece "poco edificante que la máxima autoridad urbanística de la región ocupe una sede sin licencia de primera de funcionamiento". "Me deja perplejo", añade. La nueva sede de Medio Ambiente en la calle de Alcalá es el céntrico inmueble ideado por el arquitecto Ricardo Bastida, construido en 1923 y coronado por dos inmensas cuadrigas. Durante años, el Banco de Bilbao mantuvo allí su sede. El edificio tiene una superficie total de 16.962 metros cuadrados y cuenta además con 85 plazas de aparcamiento.

El traslado comenzó a mediados de abril y los responsables de la consejería se sirvieron de la licencia de actividad del inquilino anterior, el BBVA, para justificar el inicio de sus actividades. Pero al acometer obras de reforma ese permiso quedó invalidado.

El traslado a la calle de Alcalá pretende ahorrar costes y agilizar trámites unificando en un solo espacio las tres sedes que tenía la consejería. El área de Medio Ambiente estaba situado en la calle de la Princesa, las dependencias de Ordenación del Territorio están en la calle de Maudes y la sede institucional, donde la consejera tenía su despacho, en la calle de Jorge Juan. Ahora, la mayoría de los funcionarios de la consejería se trasladará a trabajar a la calle de Alcalá.

El pasado lunes, el secretario general técnico de la consejería, Alfonso Moreno, subrayó en una comisión parlamentaria que el nuevo edificio contaba con la correspondiente licencia de obras, necesaria para acondicionar el inmueble. Moreno precisó que ya habían presentado "toda la información sobre la nueva actividad que se está tramitando de acuerdo a la normativa". Acaba de hacerlo, pero no era suficiente para que todo estuviera en regla.

En realidad, según revelan fuentes del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, la empresa arrendataria solicitó en abril la licencia de obras y actividad para el inmueble situado en la calle de Alcalá, 16. Hace dos semanas GMP pidió el permiso de funcionamiento que aún no ha obtenido. El secretario general técnico de la Consejería de Medio Ambiente explicó que el traslado supondrá un ahorro de 1,6 millones de euros al año en alquileres. Además, añadió que el nuevo inmueble tiene espacio para acoger a 1.132 trabajadores, aunque de momento solo se trasladarán allí 816 funcionarios.