Montilla pide ahora al Constitucional que revise una recusación clave

El Gobierno catalán prometió solemnemente el pasado mes de marzo que haría cuanto estuviera en sus manos para que el actual Tribunal Constitucional no dictamine sobre el Estatuto. Fiel a este compromiso, el Ejecutivo de José Montilla ha lanzado una nueva ofensiva que consiste en pedirle al alto tribunal que revise la decisión de apartar del debate sobre el Estatuto al magistrado progresista Pablo Pérez Tremps. Mientras medita sobre ello, el Gobierno de Montilla pide al alto tribunal que interrumpa la deliberación sobre la carta autonómica que en principio debe proseguir hoy.

En una carta remitida al Constitucional, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el Gobierno catalán pide que si finalmente los magistrados optan por votar sobre el Estatuto artículo por artículo, como planea la presidenta para desencallar la situación, el magistrado recusado solo deba ausentarse de aquellas votaciones referentes a los asuntos por los que fue recusado. Así, Pérez Tremps sólo debería abstenerse en la votación de 11 artículos (los referentes a la acción exterior y a las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea) de los 114 recurridos. Eso es así porque el motivo oficial de la recusación de Pérez Tremps en febrero de 2007 fue que el magistrado había redactado para la Generalitat un informe sobre estos asuntos, algo que en opinión mayoritaria del tribunal podía menguar su imparcialidad.

La Generalitat pide que el magistrado solo se abstenga de una parte del debate

Según el escrito remitido por el Gobierno catalán, "al no requerir ahora una decisión única y global del Pleno del Constitucional sobre el conjunto del Estatuto, sino únicamente decisiones parciales sobre distintas partes del mismo, ha desaparecido en muy buena parte la causa de recusación de Pablo Pérez Tremps". Añaden los letrados de la Generalitat que la revisión de la recusación del magistrado "habrá de ser resuelta por el Tribunal Constitucional también con carácter previo a la deliberación, votación y fallo de la sentencia".

Si el Gobierno catalán logra su objetivo, la composición del pleno que debe dictaminar sobre el Estatuto volvería a tener una clara mayoría progresista, algo que el Ejecutivo de Montilla entiende que facilitaría una visión más favorable para el actual redactado del Estatut. De hecho, la recusación de Pérez Tremps, aplaudida en su día por el PP, abrió las hostilidades contra el Constitucional porque las instituciones catalanas entendieron que era una maniobra de los sectores conservadores para recortar el Estatuto.

Fuentes del Ejecutivo de Montilla negaron ayer que la reapertura del debate de las recusaciones sea una simple maniobra dilatoria e insistieron en que lo que ha ocurrido es que, si el Constitucional vota artículo por artículo, las condiciones que propiciaron la recusación habrán cambiado. Con todo, el Gobierno catalán no oculta que paralizar otra vez el debate sobre el Estatuto a la espera de debatir sobre la recusación conllevaría una dilación en el debate que posiblemente impediría que se dicte sentencia antes de las elecciones catalanas, previstas para el próximo otoño.

Los magistrados del Constitucional se encontrarán hoy sobre la mesa la petición de la Generalitat. Antes de abordarla deberán debatir las alegaciones al recurso de súplica presentado también por el Gobierno catalán para que el alto tribunal se declare incompetente para dictaminar sobre el Estatuto. Todo ello hace difícil que los magistrados puedan debatir hoy a fondo el articulado.