Cataluña pagará un millón de euros por quitar el hijo a unos toxicómanos

Condena sin precedentes en España por la cuantía y por el asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a la Generalitat a indemnizar con 980.000 euros más intereses a unos padres cuyo hijo fue dado en adopción al poco de nacer porque estos eran entonces drogadictos. La sentencia asegura que la actuación que tuvo la Generalitat entre 2000 y 2001, cuando gobernaba CiU, tuvo una "brutal consecuencia que demuestra el fracaso del sistema".

El niño nació en su domicilio en septiembre de 2000 y fue trasladado a un hospital por síndrome de abstinencia. Apenas un mes después, la Generalitat declaró al bebé en situación de desamparo, pero al cabo de dos semanas los padres ya dijeron que querían recuperarlo y que estarían en condiciones de hacerlo en dos meses, cuando finalizase el tratamiento de desintoxicación.

Pero nada de eso ocurrió. La Generalitat acabó dando al niño en adopción, pese a la larga batalla legal de los padres por recuperarlo, cuando su vida ya estaba normalizada. Los tribunales reconocieron que tenían razón y que la Generalitat "actuó con excesiva celeridad, sin datos objetivos de valoración, o con datos insuficientes, y con el prejuicio más absoluto de que se trataba de dos progenitores drogadictos de muy larga duración y sin posibilidad razonable de rehabilitación". Pero nunca se revocó la decisión de preadopción ni de adopción porque se consideró que lo mejor para el niño era mantenerlo con su nueva familia y no que regresara con sus padres biológicos.

Negligencia

La sentencia del Tribunal Superior afirma ahora que existe una responsabilidad patrimonial de la Administración autonómica por romper ese núcleo parental entre los padres y el hijo y que existió un funcionamiento negligente "a la hora de valorar, controlar y determinar, sin datos objetivos razonables, la imposibilidad de creación de un entorno familiar estable".

La abogada Miriam Garcia, asegura que sus clientes, los padres, "nunca se sentirán recompensados por lo ocurrido" y que confía en que "no se vuelvan a repetir casos así y que los poderes públicos no coloquen etiquetas a los ciudadanos, porque lo que se hizo fue una actuación con prejuicios". La Generalitat recurrirá la condena.