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Editorial:

Aborto: tercer asalto

El PP intenta de nuevo que el Constitucional tumbe una ley homologable al resto de Europa

El partido de Mariano Rajoy ha cumplido su promesa y ha presentado ante el Tribunal Constitucional su recurso contra la ley del aborto que entra en vigor el próximo 5 de julio. Reabre así el PP una batalla cuya finalidad se desconoce, dado que si su objetivo fuera impedir la interrupción voluntaria del embarazo habría derogado la ley que lo permitió en 1985 cuando tuvo el poder para hacerlo desde el Gobierno durante ocho años. El coordinador de Justicia del partido, Federico Trillo, ha asegurado esta vez que Rajoy tendrá que derogarla. Por si acaso, en vez de esperar su retorno al poder, ha presentado el tercer recurso ante el Constitucional con argumentos similares a los que el alto tribunal ya ha desechado por dos veces. No parece que ni las resoluciones jurídicas anteriores ni la difícil situación del Constitucional preocupen con exceso al principal partido de la oposición.

En 1983, la entonces Alianza Popular (germen del PP) intentó tumbar la despenalización del aborto ante el Constitucional reclamando el derecho del no nacido. El Gobierno socialista, siguiendo las indicaciones de los jueces, añadió ciertas garantías (que los abortos se practicaran en centros acreditados) para sacar su norma adelante dos años más tarde. El PP, capitaneado por Trillo, hizo un segundo intento en 1989 aprovechando la Ley de Reproducción Asistida. El Constitucional resolvió que los no nacidos no son titulares del derecho fundamental a la vida. Ahora se vuelve a la carga y, además, se recurre el artículo que permite a las jóvenes de 16 y 17 años abortar sin el permiso parental (si bien exige que esté informado uno de los progenitores). El Constitucional tendrá que analizar el recurso, que es complementario al presentado por el Gobierno de Navarra.

En este asunto, el PP exhibe una cerrazón y una hipocresía que restan crédito a sus convicciones. Produce estupor que entre los artículos recurridos se encuentre el dedicado a la educación sexual con perspectiva de género. En general, el rechazo a conceder a la mujer libre capacidad de decisión gracias a una ley de plazos similar a la de los países de nuestro entorno evidencia la visión retrógrada de la derecha española. Porque como bien dice el preámbulo de la ley, la protección del no nacido debe articularse a través de la voluntad de la mujer, no contra ella.

El PP está, dentro de su lógica, en contra del reglamento de la ley. El asunto más espinoso es la solución propuesta en los casos en los que las menores aleguen no poder informar a sus padres de su aborto por "grave conflicto". Dar la última palabra al médico es, sin duda, añadir responsabilidad al facultativo, pero es el médico el que, por su propio interés, ha de garantizarse la veracidad de las alegaciones (mediante informes de otros profesionales) y decidir sobre la idoneidad de la intervención. Es exigible que tal decisión esté basada en estrictos criterios médicos. Para los éticos ya se contempla la objeción de conciencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 4 de junio de 2010