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El juez propone sentar a Fabra ante un jurado por cohecho y fraude fiscal

El líder del PP de Castellón está imputado también por tráfico de influencias

Tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. El actual titular del Juzgado número 1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, considera que ya existen indicios suficientes de que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha cometido estos presuntos delitos. Por ello, ha optado por dar por concluida la fase de instrucción y transformar las diligencias en un procedimiento que podría concluir en un juicio con jurado. De esta manera, el juez confirma la tesis expuesta por los letrados de la acusación popular, José Luis Vera y Virgilio Latorre, que en representación de la Unión de Consumidores (UCE) ya plantearon en su querella de personación que el procesamiento debería realizarse con jurado.

El auto deja la puerta abierta a la acusación de blanqueo de dinero

El auto dictado por el juez apenas hace hincapié en los presuntos delitos cometidos por Fabra, que hace dos meses delegó sus funciones para ser sometido a un transplante de hígado. El auto indica que los hechos "serían constitutivos, en principio, y sin perjuicio de ulterior calificación, de delitos de cohecho y tráfico de influencias". Por ellos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez imputa a 13 personas, entre las que se encuentran Carlos Fabra, su esposa (María Amparo Fernández), el empresario que les denunció (Vicente Vilar) y la ex esposa de este (Monserrat Vives). Si la imputación se limitara a estos delitos, no habría ninguna duda de que la competencia del procesamiento sería de un jurado. Sin embargo, el juez estima que en el caso de Fabra y Fernández se han de sumar otros delitos "contra la Hacienda Pública". No en vano, el informe pericial realizado por inspectores de Hacienda sostiene que entre ambos cometieron nueve presuntos delitos fiscales y que la cantidad que dejaron de ingresar en las arcas públicas fue de 1,7 millones de euros. En cualquier caso, el juez deja la puerta abierta sobre esta imputación, ya que entre los delitos contra la Hacienda pública no solo se encuentra el fraude fiscal sino también el blanqueo de dinero.

El próximo día 25 se celebrará la vista para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.

Tanto este auto como el que determine si Carlos Fabra se sienta en el banquillo, en el caso de que así lo decida el juez, podrán ser recurridos. Aún así, y dada la diligencia que ha mostrado el noveno juez que participa en la instrucción del caso, el presidente de la Diputación de Castellón podría sentarse en el banquillo antes de que acabe el año. Ayer la dirección nacional del PP no quiso valorar la decisión judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de junio de 2010