Fabra pidió nuevas diligencias sobre su patrimonio denegadas por el juez
El presidente de la Diputación de Castellón solicitó otro informe de sus bienes y que se citara a los peritos de Hacienda que apuntan a un supuesto fraude de 1,7 millones de euros
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su esposa, María Amparo Fernández, solicitaron al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules la práctica de nuevas diligencias de investigación que han sido denegadas por el juez titular, Jacobo Pin.
Según explican fuentes jurídicas, Fabra y su esposa pidieron que se citara a los peritos que redactaron el informe que asegura que ambos defraudaron supuestamente a Hacienda 1,7 millones de euros entre 1999 y 2004 para que lo ratificaran, y también que un experto propuesto por ellos elaborase un nuevo informe sobre su patrimonio. El juez denegó la petición y argumentó que que no se pueden practicar diligencias de forma indefinida. También apuntó que la prueba pericial había tardado en realizarse cinco años, por lo que Fabra y su esposa habían tenido tiempo suficiente para solicitar esa prueba.
No obstante, el juez ofreció a Fabra y su esposa, imputados por cohecho, tráfico de influencias, y fraude fiscal, que encargasen esa prueba "con carácter privado" y la aportasen al procedimiento lo estiman oportuno.
Hace unos días, el juez acordó transformar en procedimiento para un juicio con jurado las diligencias previas abiertas contra el presidente de la Diputación de Castellón y otros doce imputados en el denominado caso Fabra. Según informaron entonces fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, el instructor entiende que, a la falta de una calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado. Según el juez instructor, a los delitos mencionados hay que sumar otros conexos en el caso de Carlos Fabra y su esposa, como son los supuestos delitos contra la Hacienda Pública.
El próximo 25 de junio se celebrará en el juzgado de Nules la comparecencia prevista en la Ley del Jurado para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.
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