Italia aprueba con reservas un ajuste fiscal de 24.000 millones

Un Gobierno italiano dividido aprobó ayer con reservas un plan de choque para reducir el peso del sector público, conteniendo el gasto y luchando contra la evasión fiscal y la economía sumergida. El durísimo ajuste, diseñado por el ministro de Economía, Giulio Tremonti, y exigido por Bruselas, Alemania y el FMI, tendrá un valor de 24.000 millones, repartidos a partes iguales entre 2011 y 2012. La oposición y los sindicatos mostraron rechazo frontal.

Aunque Silvio Berlusconi ha negado largamente la crisis y ha presumido de que Italia lideraba la recuperación, finalmente la realidad se ha impuesto. Tremonti presentó ayer el recorte a los sindicatos y la patronal con una frase latina: "Primum vivere, deinde filosofare (primero vivir, después filosofar). Horas después, la Bolsa de Milán cerraba con una caída del 3,4%, entre el temor a que la maniobra retarde la recuperación. Mientras, los funcionarios de Palacio Chigi recibían al ministro con aplausos y gritos irónicos de "bravo, bravooo".

La gran novedad del proyecto es la lucha contra la evasión de impuestos

La jornada deparó sorpresas y alta tensión entre Berlusconi y Tremonti. La división del Gobierno obligó al Consejo de Ministros a aprobar el paquete "con reservas" y la conferencia de prensa quedó aplazada hasta hoy. "Faltan unos ajustes", dijeron fuentes del Gabinete. Según trascendió, no hay acuerdo en capítulos esenciales: el recorte de gastos de la Presidencia del Gobierno y la magistratura, el publicitado tajo a los directivos públicos, la renovación de puestos en la escuela y las fuerzas del orden y, sobre todo, la limitación del uso de pagos en metálico, que Berlusconi considera "digna de los comunistas".

Tremonti pidió ayuda a las entidades locales para rebajar la descontrolada deuda pública (116% del PIB) y reducir el déficit 2,3 puntos en tres años. Más de la mitad del esfuerzo recaerá en las regiones, las provincias y los ayuntamientos, que verán mermada su inversión en 13.000 millones. La dureza del plan no tiene precedentes en Italia. Y, contra lo asegurado estos días por el Gobierno, la política social se verá afectada.

La reforma congelará los salarios de los 3,5 millones de funcionarios y bloqueará los contratos (incluidas renovaciones de temporales) hasta 2013. Para dar ejemplo, se reducen las retribuciones de los ministros y parlamentarios y se racionalizan o suprimen varios entes improductivos.

Las pensiones tampoco se escapan: se retrasa seis meses, hasta julio de 2011, la jubilación de los trabajadores que cumplan los requisitos este año. Y la edad de retiro de las mujeres funcionarias se equiparará progresivamente a la de los hombres, hasta situarse en 2016 en los 65 años (ahora 60).

La austeridad rozará también a los altos directivos privados, al subir la fiscalidad sobre opciones por acciones y bonos. La gran novedad es la batalla contra la evasión y la economía sumergida. En el segundo país europeo que, tras Grecia, más impuestos evade (100.000 millones anuales, según datos de Hacienda), empresas y profesionales deberán facturar trabajos superiores a 3.000 euros.

Más fiel al estilo del Gabinete es la regularización, con una multa rebajada al 33%, de 2,5 millones de inmuebles ilegales. La amnistía puede generar hasta 5.000 millones de euros, pero según la oposición es un regalo a las mafias. Además, los turistas pagarán 10 euros por la estancia en Roma.

Los agentes sociales recibieron con indignación la maniobra. El sindicato mayoritario, CGIL, la definió como "inicua", exigió que sea modificada en el Parlamento y llamó a la huelga general; las regiones y la oposición hablaron de "plan insostenible". Fabio Pammolli, director del Centro de Estudios de Política Económica (CERM), piensa en cambio que "el ajuste alinea a Italia con la política de rigor reclamada por Bruselas, Alemania y el FMI. Es un recorte drástico pero forzoso. El fardo público es extremadamente caro para nuestro nivel de deuda".

La incógnita es si Berlusconi asumirá algunas decisiones contranatura. La Protección Civil, símbolo de poder y corrupción, debería controlarla Tremonti, que toca el bolsillo a tradicionales votantes del centro-derecha.