¿Se imaginan a un presidente declarando ante un jurado popular por cohecho?

No hay ningún motivo objetivo para el derroche de euforia que viene exhibiendo el honorable Francisco Camps sobre su inmediato sendero judicial. Más bien al contrario. Con todas las bendiciones del Tribunal Supremo, está casi abocado a ser el primer presidente autonómico desde la llegada de la democracia que se sienta en el banquillo de los acusados para ser juzgado por nueve de sus convecinos de Valencia (jurado popular) por un delito de cohecho impropio; y además es el máximo responsable de un partido, el PPCV, que ahora está en la diana de un juez de Madrid, Antonio Pedreira, por un delito de financiación ilegal. En realidad, el futuro judicial de Camps es bastante inquietante.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que reabre la causa del regalo de los trajes le ha dejado al pie del banquillo de los acusados. El juez José Flors, instructor de la causa de los trajes en Valencia, dispone de luz verde de la más alta instancia judicial española para ordenar que sea juzgado por cohecho pasivo: aceptar en función de su cargo lujosos trajes de la trama que encabezaba en Valencia El Bigotes, su "amiguito del alma", al que decía querer "un huevo". Y es posible que ya no pueda contar, porque se abstenga o sea recusado, con la persona a la que públicamente definió como "más que un amigo", el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.

No se entiende, por tanto, esa felicidad que dice sentir Camps basada en que el Supremo no ha hallado pruebas que vinculen el regalo de los trajes con los 7,2 millones de euros en contratas a dedo que su Gobierno otorgó a la trama Gürtel. Olvida Camps que la investigación judicial emprende ahora una nueva marcha que puede devenir aún más peligrosa y perjudicial para él. Cuando el tribunal de De la Rúa decidió archivarla, el pasado 3 de agosto, la causa de los trajes estaba constreñida. Había un auto que descartaba cualquier otro delito e imponía que solo cabía investigar al honorable por cohecho pasivo. El Supremo, ciertamente, ha señalado ahora -pero, ojo, refiriéndose exclusivamente a la documentación judicial que había en ese momento procesal (3 de agosto de 2009)- que no está acreditado que Camps hubiese beneficiado a la trama Gürtel con contratas públicas como agradecimiento por los trajes. Pero ahora sí hay en la causa informes de la policía e incluso de la Agencia Tributaria que revelan que la Administración de Camps troceó irregularmente contratos por debajo de los 12.000 euros para esquivar la ley y otorgarlos a dedo a las empresas del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa. El juez Flors, por tanto, ahora tiene nueva documentación que podría hacerle variar de opinión y entender que el cohecho ya no es pasivo, sino activo. Es decir, que hubo contraprestaciones por aquellos trajes.

Pero hay más. Antonio Pedreira, el juez de Madrid, investiga la financiación ilegal del PP que Camps dirige en Valencia. Entre otras pruebas, hay dos informes, uno policial y otro reciente de Hacienda, que revelan que grandes empresas de esa comunidad, muy favorecidas con contratas públicas de la Generalitat, pagaron dinero a Orange Market para financiar, ilegalmente, decenas de actos que la empresa de El Bigotes organizó para el PP de Valencia. Es la sólida sombra, muy documentada, de un delito electoral en ciernes.