El Gobierno busca más ingresos en el sistema portuario

Dentro de las reforma estructurales que llevan años reclamando los empresarios figura la liberalización de los puertos y su potencial negocio. Y es que los puertos de titularidad estatal mueven ni más ni menos que el 85% de las importaciones españolas y el 50% de las exportaciones, da trabajo de forma directa a más de 35.000 personas y su actividad representa el 1,1% del producto interior bruto (PIB) español.

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha sacado adelante con el apoyo del PSOE y del PP el dictamen del proyecto de ley de servicios portuarios, que da una vuelta al sistema: liberaliza los servicios de carga y descarga y flexibiliza -aunque de forma limitada- las tarifas.

El dogma que aseguran haber asumido las administraciones en este periodo de estrecheces presupuestarias es la búsqueda de la eficiencia. Y la nueva ley de Puertos, que se debe tramitar ahora en el Senado, se atreve a incorporar el compromiso económico de alcanzar una rentabilidad anual del 2,5% para todo el sistema portuario y deben contribuir a ellos todas las autoridades portuarias, explica el Ministerio de Fomento.

Este proceso ha afrontado todo un reguero de huelgas y protestas de los estibadores, aunque los socialistas se hayan comprometido al mantenimiento del empleo. El modelo de gestión de la estiba será único y articulado a través de sociedades mercantiles privadas, pero con capacidad de supervisión de las Autoridades Portuarias para evitar distorsiones en el funcionamiento y competencia leal.

La ley también mantiene una estructura única para las tasas portuarias con bonificaciones regladas y un coeficiente corrector para cada puerto. El ministro de Fomento, José Blanco, lo ha traducido como un paso apara que los puertos sean "más competitivos para la iniciativa privada" y "más competitivos en una economía global".

Sin embargo, la normativa ha disgustado a los partidos nacionalistas, que, con menos ruido que en la batalla por la gestión de los aeropuertos, acusan a los partidos mayoritarios de mantener un modelo centralista de gestión.