La Generalitat prevé recortar el gasto en más de 3.500 millones hasta 2013

El consejero de Economía de la Generalitat, Antoni Castells, acudió al Consell Executiu de ayer con las tijeras de podar. En una de las reuniones más largas e intensas que recuerdan sus asistentes, Castells puso sobre la mesa los cinco capítulos en los que el Ejecutivo catalán debía emplearse para recortar gastos e incrementar sus ingresos tributarios. En total, el Gobierno se ha propuesto ahorrar más de 3.500 millones de euros hasta 2013 y reducir el déficit de la Administración catalana del 3,25% previsto para 2010 al 1,1% en tres años, según fuentes del Ejecutivo catalán.

El tijeretazo en los sueldos no se quedará en las retribuciones de los funcionarios. El Gobierno catalán acordó ayer que la rebaja salarial afecte también a los trabajadores del sector concertado, desde la sanidad a la educación, lo cual sublevó a los sindicatos, que ya estaban encendidos tras el anuncio del presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, de recortar el 5% de los salarios de los funcionarios. El Ejecutivo catalán estudia, además, reducir el sueldo a los empleados de todas las empresas públicas. Es más, Castells se mostró partidario de hacerlo, pero fuentes del Gobierno matizaron que sólo lo harán si así lo decide el Consejo de Ministros extraordinario que Zapatero ha convocado para mañana.

Montilla se compromete a mantener los fondos para política social

La reunión del Ejecutivo duró cerca de tres horas, e incluso tuvo que aparcarse algún punto del día, dado el debate en el que se enzarzaron los consejeros. Además de la reducción salarial y el adelgazamiento de la Administración, Castells advirtió que habría recortes en las inversiones presupuestadas y que debería aparcarse la prestación de algunos servicios que el Ejecutivo catalán se había comprometido a dar a partir de este año. Esta última propuesta no agradó a los socios de ERC e ICV. La consejera Carme Capdevila defendió no tocar el dinero previsto para políticas sociales y argumentó que los posibles recortes del Gobierno central en atención a la dependencia ya iban a poner en aprietos a su departamento, que debe hacer frente a 120.000 subsidios mensuales valorados en 40 millones de euros. El presidente del Gobierno catalán, José Montilla, zanjó el debate y aseguró que no se recortará la política social.

El debate siguió vivo con las propuestas fiscales de Castells, que pasan por subir del 7% al 8% el impuesto de transmisiones patrimoniales y del 1% al 1,2% el de actos jurídicos documentados e intensificar la lucha contra el fraude fiscal. ICV y ERC, según fuentes de estos partidos, pidieron ir más allá y marcar un perfil fiscal propio. Ambos partidos insistieron en subir impuestos a las rentas más altas en el tramo autonómico del IRPF. Montilla se negó.ERC e ICV insistieron ante el consejero Antoni Castells sobre la necesidad de que los ciudadanos "compartan sacrificios". Se referían, según fuentes del Gobierno, a una eventual subida del tipo del IRPF para las rentas más altas en el tramo autonómico. El consejero Joan Saura incluso propuso incrementar el tipo impositivo para quienes ingresen más de 80.000 euros anuales, lo cual rechazó de plano el presidente José Montilla. Y Castells hizo lo mismo al considerar que la medida debería adoptarse, por lo menos, en el ámbito estatal. Fuentes del Gobierno recordaron que, de tomarse esa decisión sólo en Cataluña, algunos patrimonios podrían huir a otras comunidades.

Los consejeros también realizaron propuestas para aumentar la recaudación fiscal. Según fuentes del Gobierno, se puso sobre la mesa la posibilidad de penalizar los vehículos que más contaminan a través del impuesto de matriculaciones o estudiar posibles cargas sobre sectores regulados que hasta hace poco eran públicos y que arrojan beneficios desde hace años, por ejemplo, la inspección de vehículos. El consejero Josep Huguet, según las mismas fuentes, recordó que la Administración General del Estado también debe adelgazarse, intervino para insistir en la urgencia de las reformas estructurales y pidió que se mantenga el gasto en I+D+i, que debe ser uno de los motores que reactiven la locomotora catalana.

Ninguna de esas propuestas acabó por materializarse. El Ejecutivo catalán primero quiere observar los pasos que da el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mañana, cuando el Consejo de Ministros apruebe el decreto de medidas de austeridad que debe servir para reducir el déficit del sector público español.

Rechazo sindical

Para empezar, el Gobierno catalán quiere ver a quién se dirige la rebaja salarial. La intención de Castells es aplicar el recorte -progresivamente- a los empleados de todo el sector público catalán. Sin embargo, no está claro que pueda hacerlo, puesto que los sindicatos le recordaron que muchas empresas que dependen de las administraciones tienen sus propios convenios.

En todo caso, Castells sí pretende extender los recortes salariales a los trabajadores del sector concertado. "Ajustaremos los conciertos y subvenciones de centros y entidades prestadoras de servicios públicos", aseguró. Es decir, el Gobierno recortará las transferencias que realiza a los centros concertados para que éstos trasladen el descenso del 5% a sus trabajadores. Tanto UGT como CC OO rechazaron de inmediato las medidas de Castells.

El titular de Economía también confirmó que los recortes afectarán a las inversiones presupuestadas. El Gobierno mantendrá los proyectos previstos, aunque irá ejecutando de forma más lenta las ejecuciones que están en curso. En cambio, sí restringirá las nuevas licitaciones.

Por otra parte, CiU abandonó ayer las negociaciones con el Gobierno para un pacto anticrisis dentro del Acuerdo Estratégico. Según los nacionalistas, que rechazaron un gran pacto y prefirieron centrarse en buscar un acuerdo sobre financiación de pymes, el Gobierno se plantó en la última reunión aceptando sólo cuatro reformas, informa Maiol Roger. El consejero de Economía se mostró "decepcionado" por la "postura enormemente partidista de CiU".