La defenestración de Garzón

El Poder Judicial se divide también sobre el traslado de Garzón a La Haya

Indignación entre los vocales progresistas contra sus colegas Lastra y Robles

El Consejo del Poder Judicial suspendió ayer de sus funciones, por unanimidad, al juez Baltasar Garzón y, por la tarde, en una alianza entre vocales conservadores y progresistas (en concreto, Almudena Lastra y Margarita Robles) le humilló al pedir cinco informes antes de decidir si concede al magistrado una comisión de servicio para que se vaya durante siete meses como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya.

Tras la suspensión de Garzón en el pleno celebrado por la mañana, todo indicaba que por la tarde, en una comisión permanente forzada por el presidente, Carlos Dívar, al menos se iba a conceder al juez autorización para irse a La Haya. No fue así. La humillación a Garzón llegó por la tarde en toda su extensión. El sector progresista del Consejo estaba convencido de que por la tarde se daría luz verde a la petición de Garzón. Al saber lo ocurrido la indignación era total. Nadie entendía el papel de sus dos representantes en la permanente, Lastra y Robles, las mismas que aparentemente había intentado el jueves forzar ante Dívar una reunión, antes del pleno de ayer, para dar el permiso a Garzón e incluso eludir momentáneamente su suspensión.

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Tampoco se entendía el papel del presidente Dívar. Y es que en el sector progresista existía la convicción de que, pese a la inexorable voluntad del juez del Supremo Luciano Varela de sentar a Garzón en el banquillo (lo que legalmente conlleva la suspensión de funciones), el Poder Judicial podía al menos evitar que el juez se marche a La Haya con el estigma de la sanción. Hubiese bastado con una mayor determinación de Lastra, Robles y de Dívar, presidente de la permanente, del Consejo y del Tribunal Supremo. Recuerdan vocales progresistas que Dívar llegó al puesto con el aval del actual partido en el Gobierno. El voto de Dívar, junto al aparentemente declarado por Lastra y Robles, habría decantado la votación a favor de permitir una salida airosa al juez. Pero con su pasividad, Dívar se ha inclinado por sus colegas del Supremo, interpretan en el sector progresista.

Como se preveía, hubo tensiones en el pleno extraordinario que finalmente suspendió a Garzón. Los vocales conservadores tenían claro desde días antes que lo primero era suspender al juez. Y lo del permiso ya se vería. Algunos vocales progresistas, no todos, batallaron para que del mismo pleno, intencionadamente cerrado a un único punto del orden del día (la suspensión de Garzón), salieran al menos dos decisiones, la suspensión y también el plácet para ir a La Haya. Pero dos vocales conservadoras, Gemma Gallego y Concepción Espejel, apagaron esa opción.

Lo primero que se trató en el tenso pleno de ayer fueron las recusaciones pendientes. Se abstuvieron de intervenir De Rosa, Robles y Gómez Benítez. Quien no se dio por aludida fue Gallego. Ella y Espejel impidieron que en el pleno se debatiera el asunto de la autorización. Y eso que, cuando este asunto fue planteado en el pleno por vocales progresistas, entre ellos Miguel Carmona, la mayoría no puso pegas. Pero las voces contrarias de Gallego y Espejel bloquearon el intento. Alegaron que no había podido leer la documentación sobre el traslado de Garzón, a pesar de que a todos se les envió la documentación por e-mail. Un vocal sugirió que se interrumpiese una hora el pleno para que ellas estudiasen la documentación. Se negaron.

De izquierda a derecha: los vocales Inmaculada Montalbán, Margarita Robles y Antonio Dorado.
De izquierda a derecha: los vocales Inmaculada Montalbán, Margarita Robles y Antonio Dorado.GORKA LEJARCEGI

LOS TRES PROCESOS CONTRA EL JUEZ GARZÓN

El franquismo

En 2008, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo. Culpó a Franco y 34 cómplices del exterminio de 114.266 desaparecidos. Se inhibió en un mes en favor de 62 juzgados territoriales.

- La fiscalía. Consideró un "disparate jurídico abrir causa general al franquismo".

- La querella. En 2009, el Supremo admite una querella por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta; pena de inhabilitación de 12 a 20 años) de Manos Limpias. Se sumaron Libertad e Identidad y Falange.

- El instructor. Luciano Varela es cofundador de la progresista Jueces para la Democracia. Garzón le recusó, pero se archivó. El día 12, el juez ordenó abrir juicio oral.

El "caso Gürtel"

Fue el primer instructor de la trama de corrupción ligada al PP; ordenó pinchar las charlas de los cabecillas con abogados para evitar que pudieran esconder millones de euros.

- La querella. El imputado José Luis Ulibarri acusó al juez de prevaricación ante el Supremo; el fiscal se opuso.

- Las escuchas. El Tribunal Superior de Madrid anuló como prueba los pinchazos a los imputados y sus abogados.

- El instructor. Alberto Jorge Barreiro, miembro de Jueces para la Democracia.

- Los delitos. Prevaricación y delito contra las garantías de la intimidad (violación de garantías constitucionales castigado con pena de dos a seis años con inhabilitación).

Los cursos en EE UU

Durante un permiso por estudios en 2005 y 2006, organizó unos cursos en la Universidad de Nueva York.

- La querella. Los abogados dicen que el Santander pagó los actos, y luego el juez archivó una querella contra su presidente, Emilio Botín. El Supremo aceptó la querella; el fiscal se opuso.

- La universidad. Negó que Garzón interviniese en el patrocinio de los cursos.

- El banco. Botín deberá declarar como testigo.

- El instructor. Es el juez conservador Manuel Marchena.

- La acusación. Delitos de prevaricación y de cohecho (soborno; está penado con multa de tres a seis meses).

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 15 de mayo de 2010.

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