"Hay que gravar con más impuestos a quien más tiene"

José Antonio Griñán (Madrid, 1946) tiene claro que, además de recortar el gasto, las arcas públicas necesitan más ingresos y que hay que gravar a las rentas más altas, un debate que la dirección del PSOE quiere atajar. El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PSOE andaluz conversó ayer con los lectores de EL PAÍS.com, que le enviaron 780 preguntas. El ex ministro de Trabajo e impulsor del Pacto de Toledo cree que cuando se supere la crisis, los pensionistas deberían recuperar el poder adquisitivo que perderán por la congelación. Se muestra partidario de eliminar las prejubilaciones.

Pregunta. ¿Qué opina del recorte propuesto por Zapatero?

Respuesta. En términos generales, necesario para que la recuperación sea una realidad en menor plazo. En términos concretos no lo sé porque no lo ha aprobado el Consejo de Ministros. En estos momentos, era absolutamente necesario. Y digo en estos momentos.

"Las pensiones deberían recuperar el poder adquisitivo que pierdan"

"Las prejubilaciones hay que reducirlas, por no decir eliminarlas"

"Tenemos que acercar las retribuciones a la productividad"

"Hay comunidades que se están financiando con la Ley de Dependencia"

P. ¿Qué consecuencias va a tener para las autonomías?

R. Las comunidades tenemos que hacer también reducción en gastos de personal porque es norma básica. Vamos a ver la escala que hace el Gobierno porque es un 5% de media. En las competencias que tenemos procuraremos que no afecte al gasto social.

P. ¿El Gobierno va a aceptar que la reducción del déficit sea proporcional al endeudamiento de las comunidades como usted ha pedido?

R. Tengo dudas, pero lo vamos a proponer.

P. ¿La congelación de las pensiones era necesaria?

R. Las pensiones han ganado poder adquisitivo en los últimos años. Un pensionista tiene más dificultades para recuperar el poder adquisitivo que pierde que un activo, que tiene posibilidades de cambiar de trabajo, de mejorar, de negociar un convenio colectivo... Soy partidario de que a las pensiones se les suba el IPC y si en este caso lo que se hace es congelarlas espero que cuando los tiempos vayan mejor, vuelvan a recuperar el poder adquisitivo perdido. En materia de pensiones, lo más urgente es el Pacto de Toledo, es la señal que tenemos que dar

P. ¿El Pacto de Toledo necesita una actualización?

R. Nunca debe estar fuera de la agenda. Lo más importante no son las pensiones de hoy, que se pueden pagar perfectamente, sino las de mañana, y el Pacto de Toledo lo que trata es de consolidar las pensiones de mañana. En 1980 había cinco millones de jóvenes más que ahora, el 35% de la población española, y hoy no llegan al 20%. Y hay tres millones y pico de personas mayores de 64 años más que entonces. ¿Eso qué significa? Tenemos que ver qué hacemos en el futuro con el sistema de pensiones. En el Pacto de Toledo, por consenso, habrá que hacer reformas entre los partidos y los agentes sociales.

P. En su opinión, ¿qué reformas hay que hacer?

R. Lo más importante para consolidar el sistema de pensiones es el empleo, pero como se estrecha la base de la población entre 20 años y 64 años y aumenta la mayor de 64, hace falta más que empleo. Hace falta aumentar la tasa de actividad, mayor incorporación de la mujer al trabajo y más productividad. Y no puedo decir que hace falta más inmigración porque no podemos contar que los problemas del Primer Mundo lo resuelva el Tercer Mundo. A partir de aquí, más tasa de actividad, más empleo, más productividad y tocar los parámetros de las pensiones.

P. ¿Qué parámetros?

R. Las prejubilaciones hay que reducirlas, por no decir eliminarlas, manteniendo flexible la edad de jubilación. Bajar la edad de jubilación para actividades penosas y prolongarla en muchas otras actividades. El periodo de años que hace falta para calcular la pensión puede negociarse y, en lugar de 15 años, pasar a 20 o 25 años. Todo esto en diálogo con los agentes sociales, mirando al 2030, 2035 y 2040.

P. ¿Deben subirse los impuestos para las rentas más altas?

R. No sé si lo va a hacer. Sobre el tema fiscal no se ha hablado. Cuando tenga lo que hace el Consejo de Ministros tomaré decisiones en Andalucía sobre esos temas.

P. ¿Cree que el Gobierno central debe hacerlo?

R. Yo creo que hay que gravar al que más tiene.

P. Las comunidades tienen capacidad para bajar o subir los impuestos. ¿Contempla hacer uso de esa capacidad?

R. Acabo de subir un punto a transmisiones patrimoniales cuando se compran viviendas de lujo, coches de lujo y embarcaciones de recreo. Eso supone que he gravado más a las rentas más altas. ¿Que se va a seguir haciendo? Puede ser. No tengo cerrado el camino.

P. ¿Por dónde cree que debe ir la reforma laboral?

R. El marco de relaciones laborales tiene que ser previsible, no es bueno cambiarlo mucho. Cuando uno toma decisiones empresariales tiene que saber en qué marco las toma. El mercado de trabajo español es bulímico, cuando crecemos mucho crea mucho empleo y cuando no crecemos destruye mucho empleo. Esto demuestra que nos falta productividad. Tenemos una competitividad muy baja. La primera reforma es acercar las retribuciones a la productividad, no ganar productividad por largas jornadas o bajos salarios sino por más innovación y formación. También hay que adaptar la formación al empleo.

P. Cuando se habla de reforma laboral el debate se centra en la flexibilización del despido.

R. No hay ningún empresario que se plantee despedir a un buen trabajador y no hay problema para saber si un trabajador es bueno o malo en un año. No creo que el terreno de las relaciones laborales sea donde se produzca mayor rigidez. El problema es de competitividad y por eso, más allá de lo que se haga con el déficit fiscal, no puede darse un paso atrás en la economía sostenible. Lo más urgente es el cambio de modelo. Hay que fortalecer la economía privada.

P. ¿Es razonable bajar las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios?

R. Ahora mismo no creo que se pueda. En el futuro habría que mirarlo.

P. ¿Por qué pide cambios en la aplicación de la Ley de Dependencia?

R. Andalucía, con menos de la mitad de población que Madrid, Valencia, Castilla y León, Galicia y Murcia juntas, tiene más beneficiarios de la Ley de Dependencia que esas cinco comunidades del PP. El Gobierno financia a los beneficiarios teóricos, que no reales, con lo cual hay comunidades que se están financiando con la dependencia, mientras que otras estamos teniendo que financiar la Ley de Dependencia. Y no es justo ni tolerable que unas comunidades estén haciendo mucho menos esfuerzo para financiar la ley y que eso se les retribuya.