La fiscalía denuncia malos tratos a discapacitados mentales en Sevilla

Las denuncias contra la gestión de la Congregación de los Hermanos de la Cruz Blanca, que tiene una treintena de centros de atención repartidos por España, han saltado a Sevilla. La fiscalía sevillana ha investigado su sede principal, el centro que la orden tiene en Dos Hermanas en el que hay ingresados 30 discapacitados intelectuales. Y ha presentado -lo hizo el 5 de mayo- dos denuncias contra al menos siete personas vinculadas a la institución religiosa. En uno de los casos, la denuncia es por supuestos malos tratos y trato denigrante contra los pacientes. Y la otra es por coacciones y obstrucción a la justicia, porque presuntamente la dirección del centro trató de silenciar a los empleados bajo la amenaza de expulsión. Ahora un juez comenzará a instruir la causa.

A los residentes supuestamente se les dejaba sin comer como castigo

El Arzobispado de Sevilla está "a disposición de la justicia"

La justicia también investiga el centro que esta congregación tiene en Córdoba, la Casa de San Francisco de Asís, en la que se atiende a otros 50 discapacitados. Un aspirante a entrar en la orden permanece en prisión provisional por haber cometido, presuntamente, abusos sexuales contra un interno con un 86% de retraso intelectual. Además, otro juzgado ha imputado a otros dos religiosos -el director de este centro de Córdoba y uno de sus compañeros- por abusos sexuales y malos tratos contra algunos de los internos. La investigación judicial sigue abierta y están previstas más imputaciones.

En el caso del centro que la orden tiene en Dos Hermanas -la Casa Miguel Mañara- las fuentes judiciales consultadas insisten en que no se han denunciado abusos sexuales. La fiscalía ha investigado este último centro desde el pasado diciembre, cuando la Consejería para Igualdad y el Bienestar Social, que mantiene un concierto con este centro, al igual que con el de Córdoba, denunció varias irregularidades en su funcionamiento interno. Allí trabajan 34 personas.

Los inspectores de la Junta de Andalucía detectaron que se les podría estar suministrando a los internos alimentos caducados y otras presuntas irregularidades de gestión, según señalaron ayer fuentes de la consejería. Tras estas inspecciones, Igualdad decidió trasladar el caso a la fiscalía de Sevilla.

Tras los interrogatorios pertinentes a testigos, víctimas y supuestos autores, el ministerio público ha concluido que al menos siete personas, entre ellos frailes y empleados que cuidaban a los internos, ejercieron un "trato vejatorio y excesos múltiples" sobre ellos, según fuentes del caso. A pesar de su profundo deterioro mental, los internos estaban sometidos a un estricto régimen disciplinario que les castigaba con duchas frías y periodos sin visitas de sus familiares. Además, recibían insultos, bofetones, ahogadillas en la piscina y se les dejaba sin comer como castigo.

El grueso de la investigación se desarrolló a principios de este año por parte de la fiscalía de Sevilla, que posteriormente pasó el caso a la fiscalía de Dos Hermanas. Tras las denuncias presentadas por la fiscal en el juzgado de guardia de la localidad, ahora se está a la espera de que se asigne juez instructor.

La Junta de Andalucía decidió abrir un expediente sancionador contra la dirección del centro. Al haberse iniciado una investigación judicial, la Consejería para la Igualdad ha dejado en suspenso el expediente.

El Arzobispado de Sevilla dijo ayer que "no ha tenido noticia alguna sobre malos tratos, tratos vejatorios y obstrucción a la justicia por parte de los responsables" del centro de Dos Hermanas. La Iglesia sevillana sostuvo que "estará siempre a disposición de la justicia para el esclarecimiento de los hechos". El propio arzobispo, Juan José Asenjo, está recabando información con los hermanos franciscanos.

La congregación de la Cruz Blanca tiene repartidas por España 32 "casas familiares". Además, mantienen abiertos otros dos centros en Marruecos y cinco más en Venezuela. La sede central (curia general) de la orden está en Sevilla, en el centro para discapacitados de Dos Hermanas denunciado por la fiscalía por supuestos malos tratos.

Al tratarse de una congregación, esta orden depende directamente del Vaticano. En el caso del centro de Córdoba, el Obispado conocía las denuncias por abusos y maltrato que han derivado en la imputación de los dos religiosos. La diócesis cordobesa reconoció ayer que llevan "desde hace semanas" haciendo indagaciones paralelamente a la investigación judicial. Respecto a las decisiones que el Obispado ha tomado, la diócesis indicó que sólo pudieron informar al superior de la congregación porque, al tratarse de una orden, tienen "competencias limitadas".

Con información de Manuel Planelles