No se puede

Tiene razón Isabel Celaá cuando afirma que en la escuela "no se puede hablar del terrorismo ni de víctimas del terrorismo de forma clara". Ni de forma clara ni de forma oscura, y lo que sorprende son las pegas que la totalidad de las fuerzas nacionalistas están oponiendo al Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia. Esgrimen en su contra razones peregrinas. Está, por una parte, la razón del agravio: todo cambio sobre lo ya aprobado en este terreno por el anterior Gobierno los solivianta; es como si alguien les levantara las alfombras. Curiosa paradoja ésta de quedar en evidencia por no querer quedar en evidencia.

Tenemos luego el asunto de la deslegitimación, contra el que se ha argüido que su mención vendría a acusar a la escuela de haber legitimado la violencia previamente y a obligarla a entonar una especie de mea culpa. Me faltan adjetivos para calificar esta confusión de planos. No es la escuela la que ha legitimado la violencia, pero es un hecho que entre nosotros la violencia ilegítima, la del terror, ha disfrutado de un halo justiciero en perjuicio de aquélla que se le oponía, la legítima de las fuerzas de seguridad, inversión que ha sido un lastre también para denunciar los excesos de esta última: la descalificación generalizada suele servir para ocultar las infracciones reales. Y para dejar inerme a la sociedad entre los posibles excesos de una -la legítima- y el consentido hostigamiento de la otra -la ilegítima-. Deslegitimar la violencia significa, ante todo, clarificar estas cosas.

Se le han reprochado también al plan sus referencias al Estado constitucional. Sin embargo, se pretende que el plan hable de derechos humanos y que incluya la violencia política como un caso más de la violación de estos últimos. Esto es como hablar entre nubes, porque sólo el Estado constitucional puede garantizar mis derechos y la diferencia de criterios de los ciudadanos, incluso de aquellos que afectan a la propia naturaleza del Estado. ¿De qué derechos podemos hablar a nadie si ignoramos el ámbito en el que pueden hacerse efectivos? Cuando nuestro ámbito institucional y su marco legislativo se reducen a nada, las puertas quedan abiertas para quien quiera asaltarlos.

Y se pretende incluir la violencia política, la nuestra, como un caso más de violación de derechos humanos. Es nuestro caso específico, si se me permite la expresión, y es además el que entre nosotros carece de expresión, aquél del que nos resistimos a hablar. En el reportaje del pasado domingo de Juan Jesús Aznárez se les daba la voz a unos concejales del PSE y del PP. Las experiencias de Joseba Markaida y de Begoña Pereira eran sobrecogedoras. ¿Por qué los persiguen? Todos conocemos la respuesta a esa pregunta. ¿No será eso lo que pretenden, evitar las resistencias al Plan de Convivencia Democrática, que el escándalo de esa respuesta se dé a conocer y se haga evidente a las nuevas generaciones? ¡Ay, la sombra del árbol!