Un negativo condominio bipartidista
La evolución electoral registrada en las últimas décadas ha convertido el sistema político español en un condominio de dos grandes partidos, con unas motas de color periféricas en Galicia, Euskadi y Cataluña. Pero este no era el modelo de pluralismo que se pretendía instaurar y el que se aspiraba a configurar en las instituciones del Estado a medida que se desplegara la Constitución.
El advenimiento de la democracia trajo un parlamento en el que había seis fuerzas con mucho peso político: UCD, PSOE, PCE, AP, CiU y PNV. El consenso entre todas ellas es lo que configuró la Constitución y, con ella, también la idea de que un Tribunal Constitucional velaría por el respeto a su espíritu en las futuras leyes.
El reconocimiento de que Rajoy tiene la llave del Tribunal Constitucional implica admitir que no es independiente
En la posterior evolución hacia el bipartidismo radica el origen de la desnaturalización y secuestro del Tribunal Constitucional, que el PP mantiene como rehén desde 2007 hasta que le dicte una sentencia a su favor sobre el Estatuto de Cataluña.
La composición del Tribunal Constitucional es uno de los principales asuntos en los que el consenso entre aquellas seis fuerzas con peso político relevante, aunque desde luego no igual, fue sustituido a partir de 1982 por el rodillo del bipartidismo. Empezó entonces una evolución negativa, tendente a reducir más y más el pluralismo del tribunal con relación al consenso inicial. Esta tendencia no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo, ayudada por otras circunstancias que también empujan al conjunto del sistema hacia el bipartidismo.
Esta dinámica se da, además, en otras instituciones del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Así es como el reflejo del pluralismo político e ideológico de la sociedad ha quedado reducido en ellas a la formación de dos bandos, bautizados como progresista y conservador, en función de que sus integrantes debieran la propuesta de designación al PSOE o al PP.
Que de 12 magistrados del Tribunal Constitucional haya cuatro en prórroga desde 2007 más una vacante por fallecimiento se debe a que la renovación de estas plazas decantaría levemente la mayoría hacia el bando progresista. Y el presidente del PP, Mariano Rajoy, ya ha advertido de que no habrá renovación del Tribunal Constitucional sin que, previamente, es decir, con su mayoría, se dicte sentencia sobre el Estatuto catalán.
Estando así las cosas, es de una elemental prudencia que el presidente de la Generalitat, José Montilla, haya decidido entrevistarse con Rajoy para tratar este asunto. El líder del PP es, al fin y al cabo, quien tiene la llave del Tribunal. Pero el reconocimiento de esta realidad conlleva la aceptación de la crisis del Tribunal como órgano independiente.
Esta agitada peripecia del Estatuto ha servido ya para poner de manifiesto que el sistema político ha evolucionado en importantes aspectos en dirección distinta a la querida por los constituyentes y es susceptible de provocar crisis de enorme calado. Ahora mismo está en juego no sólo un estatuto votado por la ciudadanía de Cataluña. También lo está la legitimidad del árbitro, un Tribunal Constitucional, cuestionado porque su composición está siendo manipulada con fines descaradamente sectarios por uno de los dos grandes partidos españoles.
España no es hoy en día esa película en blanco o negro, con buenos y malos, progresistas y conservadores sin mayores matices, centralistas y anticentralistas. Si se hubiera querido un sistema político con estas características, la Constitución habría sido otra, con otros juegos de contrapeso y otras formas de reflejar equilibrios sociales, ideológicos y territoriales.
Lo cierto es que el actual Tribunal Constitucional muestra ahora mismo la cara negativa de esta evolución. Sea cual sea la sentencia sobre el Estatuto, será un tejemaneje bipartidista. Lo único que puede detener la pérdida de legitimidad en curso sería la vuelta a un modelo de consenso como el de 1978, es decir, orientado a acoger toda la pluralidad ideológica, social y territorial realmente existente en España. Parece que la víctima vaya a ser el Estatuto catalán. Pero si es así, será sólo el principio.
