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OPINIÓN

Pase lo que pase

Camps y su Gobierno deberían dimitir. Por voluntad propia o forzados por Rajoy, poco importa. Pero no lo harán.

La dimisión se impone cuando se es consciente de que la pervivencia, la viabilidad y por ende el prestigio del sistema democrático y las instituciones que lo sustentan, están por encima de la propia supervivencia política, la propia reputación e incluso el convencimiento de la propia inocencia. La historia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que entendieron coherente con su tarea de servidores públicos, la obligación de salvaguardar la necesaria honorabilidad de las instituciones que representaban aun cuando en el ámbito de lo penal no les fuera exigible responsabilidad alguna. Pero Rajoy y aquellos que secundan su doctrina, al igual que Camps y aquellos a quienes esta doctrina ampara, no comparten porque probablemente tampoco entienden, la cultura política que inspira este tipo de decisiones.

La convicción de creerse impunes alimentó la trama corrupta que corroe la democracia valenciana

Por lo visto hasta ahora, para la derecha de este país el sistema democrático no es más que una coartada impuesta por la historia, cuya mejor utilidad es encubrir un único propósito: detentar el poder político del que se consideran legítimos propietarios. La democracia es, en el mejor de los casos, un mal menor que están dispuestos a asumir. El sistema se convierte, si la situación lo requiere, en un parapeto, un confortable búnker en cuyo sótano es posible construir un tupido laberinto burocrático en el que desaparecer en busca de la impunidad. Camps no teme por el irreparable daño que supone para la credibilidad de las instituciones aferrarse a un cargo que no ejerce por incomparecencia. Su aprecio por la institución que preside se limita a la utilidad que en su propio beneficio le pueda reportar. A nadie en el PP parece importarle en qué quedará el autogobierno valenciano después de hacerse pública la relación entre el presidente del Gobierno de la Generalitat valenciana, ocho consellers, la presidenta de las Cortes, la Dirección General de la Radio Televisión Valenciana y más de veinte altos cargos de este Gobierno con la trama Gürtel. No les escandaliza aquello que tienen por "natural" porque confunden Gürtel con el sistema, como antes confundieron lo público con lo privado.

España necesita una derecha homologable a los estándares europeos. Una derecha necesaria para que se produzca con normalidad una sana alternancia política, fruto de una dialéctica constructiva entre las dos principales tendencias ideológicas presentes en nuestro país. La búsqueda de la equilibrada síntesis entre lo individual y lo colectivo, entre la igualdad y la libertad, entre lo público y lo privado, entre la razón y la fe, requiere de actores que entiendan que preservar el marco en el que se materializa ese diálogo está por encima de la prevalencia de la tesis que se defiende.

En España, sin embargo, se consolida una derecha adicta a las teorías conspirativas como única explicación para sus derrotas electorales. Su acción política fluctúa entre la deslegitimación del sistema cuando el resultado le es adverso y la debilitación de los mecanismos de control del mismo cuando ejerce legítimamente el poder. Manipulan, destruyen el prestigio de las televisiones públicas para conseguir la invisibilización del adversario. Vacían de contenido los Parlamentos y amenazan a la sociedad civil con la excomunión patriótica ante el menor atisbo de disidencia, como hemos podido ver en el caso del Cabanyal.

Nada de esto pretende excusar, pero sí explicar y situar en su justo contexto, la situación de la oposición política valenciana. Han sido no pocos y algunos sin duda importantes, los errores cometidos por los socialistas valencianos desde que en 1995 la decisión democrática de la ciudadanía situó al PP al frente del Gobierno de la Generalitat. Estos errores han contribuido, en su justa medida, a conformar un contexto político anómalo, casi de partido único, que hoy sufre nuestra sociedad. Pero la realidad es que la oposición democrática valenciana combate hoy, más que a un Gobierno democrático, a un régimen político, cuya legitimidad electoral está seriamente cuestionada por los cerca de dos mil millones de las antiguas pesetas que al parecer la trama gastó en la pasada campaña electoral del PP en la Comunidad Valenciana. Y eso es sólo lo que sabemos hasta hoy.

Soy el primer convencido de que no será Gürtel quien propicie un cambio de Gobierno en mi comunidad. Será, y así ha de ser, la visualización de una alternativa creíble ante la ciudadanía. Los socialistas valencianos tenemos la responsabilidad de construir y proponer otra opción de Gobierno, sin duda. Pero nada de ingenuidades. Es imposible valorar lo que no se conoce, al igual que es imposible conocer aquello que no ha sido comunicado, y la responsabilidad pública de comunicar en mi comunidad, con alguna heroica excepción, está en manos de aquellos que tramaron, consintieron, ampararon y se beneficiaron económica y políticamente de la trama Gürtel.

Combatir, denunciar y depurar las responsabilidades derivadas del conocimiento de esta trama no es una opción que podamos desestimar atendiendo a lo que indique tal o cual encuesta. Es imprescindible restituir un marco formal que dote de credibilidad a nuestras instituciones como paso previo para determinar qué políticas impulsar desde estas. Interrogarse sobre si a la oposición le conviene o no hablar de Gürtel, o sobre si dará o no rédito electoral, o por qué el electorado no castiga a los corruptos, es no haber entendido la auténtica naturaleza de la corrupción que nos afecta. La convicción de creerse impunes alimentó la trama corrupta que hoy corroe la democracia valenciana y no combatirla no es una alternativa aceptable para un demócrata. Es nuestra responsabilidad ineludible restituir la credibilidad del sistema. Por eso, Ángel Luna, como en otras tantas ocasiones, preguntó el pasado jueves en la sesión de control al president por el caso Gürtel. Por eso los diputados y diputadas de mi partido ejercerán su responsabilidad democrática y continuarán defendiendo la prevalencia de las reglas de juego democrático y la vigencia de ideas tan antiguas y básicas como la honradez y la ética en el ámbito de lo público. Porque no hay opción. Pase lo que pase.

Jorge Alarte es secretario general de los socialistas valencianos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 1 de mayo de 2010