La reforma del Constitucional no arrancará antes de septiembre

El hecho de tener un grupo propio en el Senado diferente del PSOE facilita los objetivos del Gobierno catalán en la presión para acabar con el bloqueo en el Tribunal Constitucional. La propuesta de modificación de la Ley Orgánica del tribunal, que en principio se conocerá a lo largo de la semana que viene, deberá ser presentada por el grupo del tripartito (PSC, ERC e ICV-EU) y el de CiU, en virtud del acuerdo entre sus líderes. La primera reunión de la Mesa del Senado para dar trámite a la propuesta sería el martes siguiente. A partir de ese momento, hay 15 días para presentar propuestas alternativas, lo que ya descarta el mes de mayo para que sea debatida.

Acabado este plazo, los grupos proponentes la pueden presentar a cualquier pleno. Se celebrarán dos en junio y al menos otro en julio. En el pleno, la propuesta debe contar con los votos favorables del PSOE para seguir adelante por una amplia mayoría. Lo que se votaría en ese momento sería sólo la toma en consideración de la iniciativa, no su aprobación. Es decir, que el PSOE sólo estaría votando a favor de que se pueda debatir.

Una vía 'indolora'

El paso siguiente es que el Senado envía la proposición al Congreso, que la tramita como un proyecto de ley más. En la Cámara baja, los plazos de enmiendas son ilimitados y la negociación de la reforma sí sería verdaderamente sobre el fondo político. Una reforma con la que el presidente del Gobierno ya ha dicho que no está de acuerdo. Pero con esta operación el Gobierno catalán habrá conseguido colocar en la Cámara baja la iniciativa a través de la vía indolora de presentarla con su grupo propio del Senado, mientras que para lograr eso mismo en el Congreso tendría que presentarla José Antonio Alonso y causar un verdadero problema al PSOE.

La segunda iniciativa del presidente José Montilla en Madrid se podría materializar mucho antes. Montilla planea pedir su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, para explicarse, como haría un ministro en cualquier otra comisión.

La reunión de la Comisión la puede pedir la presidencia de la Generalitat cuando quiera. El primer martes siguiente, la Mesa del Senado le daría trámite. A partir de entonces, la comisión puede fijar la convocatoria en 48 horas. Pero el presidente catalán debe contar con dos semanas de cortesía para que se avise por escrito a todas las comunidades y al Gobierno de que se va a convocar la comisión y cuadren sus agendas para acudir.