Sanidade asume los gastos de 27 ambulatorios municipales

Uno de los compromisos del Pacto Local, que acordaron en 2006 la Xunta y los municipios, se materializó ayer. Con una firma ante notario, se completó la cesión a la Consellería de Sanidade de 27 centros de salud en manos de los ayuntamientos, responsables de costear gastos que en adelante sufragará la Administración autonómica.

Desde el pasado noviembre, la Xunta vino asumiendo la transferencia de estos centros, pero hasta ahora no se había formalizado ninguno. Sanidade asumirá gastos como luz, agua o mantenimiento con carácter retroactivo desde enero de 2010. La Xunta aportará un millón de euros durante este año.

La conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, avanzó que se ha fijado la reunión para la próxima semana con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para avanzar en el desarrollo y asunción de costes de nuevos centros. Durante la legislatura, Sanidade se ha comprometido a correr con los gastos de 238 centros de salud para lo que se destinará un montante total aproximado de siete millones de euros.

El presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, que había reclamado celeridad para la transferencia, se congratuló ayer por que finalmente se materializase: "Para nosotros es un motivo de alegría y el paso de impulso para continuar con este traspaso. Es sin duda un hito que celebramos mucho".

Atención primaria

La conselleira también se refirió a un estudio de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia que publicó ayer este periódico y que señala a Galicia como la comunidad donde más bajó la inversión para atención primaria de todo el país. "El análisis de la reducción en inversiones de presupuesto para no tiene en cuenta la realidad de las cuentas. Podemos comprobar como aumentó en 2010 el presupuesto", dijo, en relación con la partida correspondiente a planes contingencia, que cifró en 74 millones.

El gasto social de la Xunta fue ayer asunto de crítica por parte de la oposición. El grupo parlamentario del PSdeG pidió a Feijóo que comparezca en la Cámara para aclarar la "intencionalidad política" del recorte presupuestario de más de 200 millones de euros, que afecta principalmente a las políticas sociales. El del BNG, por su parte, censura que el presidente cuestione las ayudas a familiares de dependientes fallecidos, porque "es obligado por ley".