El teatro vuelve a Vic

El día de Sant Jordi abrió sus puertas el teatro l'Atlàntida en Vic. Se trata de un magnífico edificio, obra de Josep Llinàs, que como contaba nuestra corresponsal en la ciudad, Eva Clota, tiene una singular forma espiral de cubiertas desiguales y un acabado reluciente en cinc que coquetea con la luz del sol, especialmente a última hora del día. Edificio singular y buen teatro en su escenario, con la programación de Un marido ideal, de Oscar Wilde. La tesis de la obra cae como anillo al dedo a la situación política, pues aborda el papel de las ambiciones políticas, reflexiona sobre la superficialidad humana y da respuesta a cómo afrontar honestamente una situación compleja.

El argumento viene a colación cuando se cumplen dos semanas desde que el equipo de gobierno de Vic comunicó a bombo y platillo que denunciaría a la Delegación del Gobierno -eufemismo de la policía- a los inmigrantes que en situación ilegal quisieran inscribirse en el padrón. Pues bien, los días han pasado y no hay delaciones. O sea, que la superficialidad y el enredo no se quedan sólo en los escenarios en Vic. La cuidadosa puesta en escena no ha sido rematada con la efectividad prometida por el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal.

Lo sucedido con la delación de 'sin papeles' debe dar alas a los políticos que no van en pos del aplauso populista y fácil

Vayamos a la trama. El 9 de abril se da a conocer la respuesta de la comisaria de Interior europea, Cecilia Malmström, al parlamentario europeo de CiU, Ramon Tremosa. En ella se advertía a España de que está obligada a evitar que nacionales de terceros países en situación legalmente irregular vivan en su territorio. Debe regularizarlos o expulsarlos. La argumentación europea, dentro de la más pura lógica, fue interpretada por CiU como un espaldarazo a las propuestas de denuncia y de negar el empadronamiento defendidas por su alcalde en Vic. La seriedad ganaba, por fin, la batalla al estúpido buenismo, teorizaron algunos. La inmigración entraba por la puerta grande en el argumentario electoral y un alcalde democrático, legitimado nada menos que por Europa, le arrebata la bandera de la contundencia contra el ilegal al xenófobo líder de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada.

El feliz corolario de la historia dejaba en el trastero dos elementos: el primero, que la ley de protección de datos impide dar esa información delatora, a menos que sea la propia policía la que la exija; el segundo, qué hacer con todos aquellos inmigrantes que carecen de documentación -porque voluntaria o involuntariamente la han perdido- y con aquellos extranjeros con cuyos países de origen no tiene España convenio de repatriación. La solución de Berlusconi y sus socios es torpedear las pateras y encarcelar, si fuera necesario, a toda la Comunidad de San Egidio. Aquí no llegamos a estos extremos, Anglada aparte. Negar el empadronamiento a los inmigrantes en situación irregular es condenarles a tener problemas para acceder a la sanidad y a la enseñanza. Es crear una suerte de territorio vallado, de gueto para los sin papeles, una iniciativa escasamente deseable desde la perspectiva democristiana que el alcalde de Vic dice compartir.

Al clímax de esta triste comedia de enredo hay que sumar a los socios de CiU en Vic -PSC y Esquerra- que han negado su apoyo al alcalde en la delación policial, pero han continuado, como si nada sucediera, en el equipo de gobierno. Las cúpulas de los partidos de izquierda han mantenido una actitud de rechazo, mientras dejaban hacer a sus ediles. Ambición y superficialidad, como escribía Wilde. ¿Qué persiguen los actores políticos de Vic? ¿Hacer falsa ostentación de firmeza ante electorado? ¿No es eso decir que están dispuestos a no empadronar o a denunciar a la policía y no hacerlo? ¿Se trata de seguir, en definitiva, con un discurso supuestamente realista que no practican pero que trata de restar votos a los xenófobos? No hay que desesperar, quedan voces sensatas, aunque a veces inaudibles ante el griterío. Una de ellas es la del republicano Oriol Amorós, secretario de Inmigración de la Generalitat. Otra la de algunos alcaldes de PSC, especialmente la de Salt, Iolanda Pineda, que han criticado el feroz recorte a los fondos de inmigración del Gobierno amigo central. Y también por parte de CiU está la voz del alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, negándose a aceptar la delación de sin papeles como práctica de partido. O el elocuente silencio de Carles Campuzano, el diputado de Convergència que conoce más a fondo la situación de la inmigración. Es la hora de los políticos que no van en pos del aplauso populista y fácil, sino que honestamente tratan de resolver problemas.