Camarasa se toma 16 años para derribar un restaurante ilegal

El Ayuntamiento de Camarasa (Noguera) ha tardado 16 años en acatar sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y del Tribunal Supremo que le ordenaban anular la licencia de obras que permitió construir un restaurante y un área turístico-deportiva dentro de un espacio protegido de ese municipio. El establecimiento fue promovido por Antoni Pujol Pedrol, jefe de los Servicios de Coordinación de Agricultura en Barcelona durante el mandato de Jordi Pujol.

El Consistorio, presidido ahora por el independiente Josep Vendrell, aprobó en un pleno celebrado el pasado 30 de marzo anular la licencia municipal concedida en 1994 por el alcalde Roc Campo, ahora concejal de CiU. La licencia facilitó la ejecución de unas obras que posteriormente fueron declaradas ilegales por los tribunales. La nulidad se aprobó a requerimiento de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat y después de que Campo propusiera la dimisión en bloque de todos los ediles para no tener que tomar ninguna decisión.

El ex alcalde, de CiU, intentó que dimitieran todos los ediles para evitar el derribo

La entidad ecologista Ipcena de Lleida, que denunció las supuestas irregularidades administrativas, anunció ayer que la próxima semana solicitará al TSJC la inmediata demolición del edificio, propiedad de la sociedad Pont Romà.

El polémico restaurante fue construido en una zona no urbanizable situada entre la carretera y el cauce del río Segre, junto a la reserva natural de fauna salvaje de Sant Llorenç de Montgai y en una zona incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). En 1995, el TSJC ordenó la suspensión de las obras, autorizadas por Urbanismo, pero los promotores no acataron la resolución y acabaron construyendo el establecimiento hostelero.

Dos años después, el mismo tribunal confirmó que la autorización de Urbanismo no se había ajustado a derecho al no haber tenido en cuenta los valores medioambientales del lugar, donde crían numerosas aves migratorias de especies en peligro de extinción, y los riesgos de avenidas y crecidas imprevisibles del río Segre. De hecho en 1994 y 1995, antes de su apertura al público, sufrió dos importantes inundaciones.

El TSJC desestimó todos los recursos presentados por el Ayuntamiento de Camarasa, la Generalitat y el promotor del restaurante, y finalmente, en noviembre de 2008, el Tribunal Supremo ratificó la orden de anular las licencias municipales.