El fiscal pide inhabilitar ocho años a la 'número dos' del PSM
Trinidad Rollán está acusada de vender irregularmente un terreno a una empresa cuando gobernaba Torrejón
Cuando el aire de la corrupción sopla con fuerza contra el PP de Madrid (el levantamiento del sumario del caso Gürtel ha destapado más de 100 contratos irregulares del Gobierno de Aguirre con la trama), el PSM, que cumplía sin ahogos su papel de oposición acusadora, recibe un golpe imprevisto en el mentón. La Fiscalía de Madrid ha pedido al juez "ocho años de inhabilitación como cargo público" a la secretaria de Organización del partido, Trinidad Rollán, por un supuesto amaño urbanístico cuando era alcaldesa de Torrejón de Ardoz.
La número dos del PSM, que ha apurado rápido su carrera política (con 27 años gobernaba Torrejón y en 2008, con 36, pasó a controlar las tripas de la organización), sufre en mal momento las consecuencias de un caso que viene de atrás. El fiscal acusa a Rollán de aprobar en 2001 un convenio urbanístico saltándose la oposición del secretario del Ayuntamiento, que lo consideró irregular "por no ajustarse al procedimiento de concurso" y lo tildó de "ilegal en fondo y forma". A la ex alcaldesa, segunda de abordo del líder socialista, Tomás Gómez, le imputan ahora un delito de prevaricación administrativa.
Aguirre contraataca pidiendo que retiren el escaño a la imputada
La alcaldía de Torrejón de Ardoz, municipio que hoy tiene 118.000 habitantes, vendió entonces un terreno municipal a la empresa Patrimonios Siglo XXI por 3.240.000 euros para construir Viviendas de Protección Oficial, que actualmente están construidas y habitadas. Y en enero de 2007, un concejal socialista que había abandonado el grupo, Fernando del Río, denunció el supuesto arreglo entre el Ayuntamiento y la empresa. Trinidad Rollán, que está imputada en el caso junto a otros 13 concejales que aprobaron el convenio, declaró hace un año por este asunto en el juzgado de Instrucción cuatro de Torrejón.
El brete de la secretaria de Organización, diputada en la Asamblea de Madrid, ha servido al instante para que el PP le pase al PSM la factura de los escándalos. La presidenta Esperanza Aguirre afeó ayer en el parlamento a la portavoz socialista, Maru Menéndez, que tenga "unas diputadas" para las que "el fiscal pide ocho años de inhabilitación", en referencia a Rollán y Esperanza Rozas, ex concejala involucrada en el caso. El consejero de Interior, Francisco Granados, incluso se permitió recomendar al PSM que siga el ejemplo del PP, que ha apartado de los escaños populares a tres diputados implicados en el caso Gürtel, pese a que la mayoría del PP logró diseñarles una categoría ad hoc (diputados no adscritos) que les impide ingresar en el grupo mixto y que puedan contrapesar su preponderancia en las votaciones de la Asamblea.
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