Factura farmacéutica

Un decreto ley va a rebajar la factura farmacéutica en 1.500 millones de euros por el simple, cómodo y nada comprometido procedimiento de bajar los precios de los medicamentos. Nuestro sistema nacional de salud es de los más eficaces en todo el mundo por su calidad de servicios y costes reducidos, tanto que sólo se dedica a sanidad el 6% del PIB, a gran distancia de otros países. Está claro que la situación económica requiere priorizar gastos para poder asegurar la viabilidad del Estado de bienestar.

Lamentablemente, se ha escogido un sector que estaba sorteando el paro. Llevamos en crisis más de dos años y es necesario eliminar ineficiencias y ajustarse el cinturón, pero tenemos serias dudas de que la sanidad tenga que ser una de las prioridades de actuación. De los aproximadamente 60 millones de euros que se destinan a sanidad anualmente, unos 17.000 corresponden a los medicamentos y, de estos, 12.500 corresponden a las ventas que se realizan en las oficinas de farmacia, y es en esta última cifra sobre la única que se ha actuado.

El Ministerio de Sanidad, sin consultar ni consensuar ni escuchar las múltiples propuestas, con la complicidad del Consejo Interterritorial, optó por lo fácil, por el efecto inmediato, sin pensar en sus consecuencias.

El decreto augura la pérdida de 8.000 empleos en la industria y casi 10.000 entre las farmacias y los almacenes de distribución.

Actuar sobre la demanda de medicamentos -y lo de hacer participar con un euro por receta es sólo un ejemplo- no produce paro. Nuestro Gobierno pasará a la historia por su habilidad para producir parados hasta en los sectores que hasta ahora parecían más inmunes.