Conde-Pumpido decreta nula la pena de muerte a Companys

La revisión de la sentencia a pena de muerte a Lluís Companys ha causado divisiones en el tripartito y diversidad de criterio en la fiscalía. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha rechazado la petición del Gobierno catalán de recurrir ante el Supremo la condena al estimar que el fallo es "radicalmente nulo de pleno derecho". La fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, había apoyado, por el contrario, la viabilidad de la apelación.

El Gobierno catalán celebró en octubre una sesión extraordinaria en la que instó solemnemente a la fiscalía a recurrir ante el Supremo la pena de muerte a Companys. Compte hizo suya esa propuesta al esgrimir que existían dos "hechos nuevos" que permitían reabrir el caso. Se trataba, por un lado, de la aprobación de la misma Ley de la Memoria Histórica, de 2007, y, por otro, de la Declaración de Reparación a la figura de Companys que el Ministerio de Justicia entregó a Maria Lluïsa Gally, nieta del político.

Sin embargo, Conde-Pumpido ha desestimado el recurso al alegar que las dos penas contra Companys son "inexistentes" porque la ley de la Memoria Histórica estima esos juicios "ilegítimos". "[En el certificado] se hace pública la injusticia de su condena por el ilegítimo consejo de guerra, expresión máxima de violencia por razones políticas ideológicas, por lo que cualquier apariencia de legalidad de dicha resolución se encuentra, en la actualidad, totalmente desvirtuada", dice el decreto firmado el lunes por Conde-Pumpido que recoge la decisión de los fiscales de sala del Supremo. El ex fiscal anticorrupción. Carlos Jiménez Villarejo, y Josep Cruanyes, presidente de la Comisión de la Dignitat, entre otros juristas, sostienen que una sentencia sólo se puede anular a través de una ley o un tribunal, pero que nunca puede hacerlo un fiscal.

"Si los juicios son nulos, vamos a pedir la prueba del algodón y seguramente, saldrá negro", avisó ayer Joan Ridao, diputado de Esquerra Republicana (ERC) que recordó que el acalorado debate previo a la aprobación de la ley residió en si se declaraban los consejos de guerra nulos o ilegítimos. El Gobierno acordó no anularlos y los tachó de "ilegítimos". El PP lo consideró una afrenta y ERC, una ocasión perdida. Ridao presentará esta semana en el Congreso una proposición para reformar el artículo 3.3 de la ley para que se pueda pedir a la fiscalía un certificado que declare un juicio nulo. "Veremos entonces si dan el papel. Ahí se habrá acabado el debate porque volverán a decir que no", dijo.

Esquerra es el único socio del tripartito que mantiene una actitud beligerante respecto al caso Companys. El Partit dels Socialistes (PSC) están satisfechos con la decisión del fiscal e Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), después del primer visto bueno del consejero Joan Saura, cree que es un paso "adelante". "Nos podemos poner piedras en el hígado pero el fiscal ha dicho que el juicio es nulo de pleno derecho, y no es poca cosa", afirmó el ecosocialista Joan Herrera. Josep Huguet, consejero de Innovación, de ERC, ayer portavoz del Ejecutivo, admitió: "El Gobierno tiene visiones diferentes, pero la memoria se debe seguir impulsando". La familia de Companys puede presentar un recurso ante la justicia al margen del Gobierno. El presidente Montilla se da por satisfecho con el decreto del fiscal, que menciona como en Alemania y Austria se expidieron certificados de anulación a condenados por el nazismo. La diferencia es que la ley en ese caso anuló los juicios y en España, no.