200 millones de euros por el atentado ecológico del 'Erika'

El 13 de diciembre de 1999, el viejo petrolero Erika, de 25 años y pabellón maltés, con el casco corroído, se partía en dos frente a las costas bretonas en medio de una tormenta y derramaba al mar cerca de 30.000 toneladas de fuel. La marea negra inundó casi 400 kilómetros del litoral francés, y afectó a más de 150.000 aves marinas, en la mayor catástrofe natural en Europa hasta la fecha. Un tribunal de Apelación de París confirmó ayer la sentencia millonaria y ejemplar que en su día puso el Tribunal Correccional y ordena, al armador, el italiano Giuseppe Savarese; a la sociedad italiana de inspección RINA, encargada de velar por la idoneidad del barco y que lo homologó a pesar de su ruinoso estado, y a la compañía petrolera Total, que fletó el carguero, a pagar más de 200 millones de euros de indemnizaciones.

El Tribunal avala y amplía las penas impuestas en enero de 2008, que ascendían a 192 millones. Pero lo que es más importante: confirma el perjuicio ecológico que se deriva de los daños infligidos al medio ambiente, lo que extiende las indemnizaciones a las asociaciones ecologistas, así como a los municipios y otros grupos que plantearon la demanda. Basta que la contaminación afecte al territorio de ciertas "colectividades territoriales", dice, para que estas tengan derecho, aunque carezcan de competencias especiales en materia de medio ambiente, a "reclamar indemnizaciones sobre los perjuicios que les han causado". También ampara el derecho a compensación por daño moral. Allain Bougrain-Dubourg, presidente de la Liga de Protección de Aves, expresó así a France Presse su satisfacción: "Es una victoria formidable. La sentencia sienta jurisprudencia".

La justicia pone así precio a los desmanes cometidos contra la naturaleza y justifica el castigo por "la magnitud de la contaminación causada y la gravedad de las faltas cometidas". Buena parte de estas indemnizaciones ya han sido versadas por Total. La petrolera asegura haber gastado por esta catástrofe 370 millones de euros (170 por compensaciones ya entregadas y 200 en limpieza de playas y tratamiento de residuos).

Es una de las grandes novedades de esta sentencia; que no sólo carga contra el armador por sacar al mar un barco en malas condiciones y a la firma inspectora, por no hacer su trabajo, sino también a la compañía que fletó el barco. Total, cuarto grupo petrolero del mundo, basó su defensa en que desconocía su estado y que el sistema de control aplicado le exoneraba de esa responsabilidad. El tribunal considera, sin embargo, que "al no aplicarse las reglas de precaución" cometió "una falta de imprudencia que causa el naufragio". "Con una nueva inspección se habría descubierto (...) que el barco presentaba diversas deficiencias y una edad que necesariamente habrían bastado para desecharlo". Es decir: el fallo fija la responsabilidad de las grandes petroleras. Muchas subcontratan el transporte, presionan al intermediario para acelerar la entrega y se declaran irresponsables si se produce una catástrofe.