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Columna
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Enfrentamiento por partes

José María Ridao

El discurso de la derecha española ha cambiado a raíz de las reacciones de la izquierda a la muerte de Orlando Zapata: en lugar de seguir sumando atributos a la acostumbrada caricatura de sus adversarios políticos, en esta ocasión no ha hablado de la izquierda en su conjunto, sino de "parte de la izquierda". Es un avance limitado, aunque clarificador.

Ante la muerte de Zapata, la izquierda mayoritaria entendió que la crítica que correspondía llevar a cabo era la del propio campo, o del que tradicionalmente se ha considerado como tal, y la derecha ha tenido que enfrentarse a un dilema inexorable: reconocer que el apoyo al castrismo era minoritario y, por tanto, sustituir la mención a la izquierda por la de "parte de la izquierda", o tergiversar la realidad, inventando un único saco en el que meter a todos sus adversarios.

Pues bien, lo que sucede ahora es que esa izquierda a la que por fin se le ha tenido que reconocer su compromiso con el sistema democrático y los derechos humanos quisiera poder hablar también de una "parte de la derecha" cuando se tratan algunos asuntos. En concreto, las querellas contra el juez Garzón.

El Partido Popular no ha entendido que su aportación imprescindible a la definición del espacio democrático consistía en hacer la crítica de su propio campo, o de lo que tradicionalmente se ha considerado como tal, tomando la iniciativa en la retirada de los símbolos franquistas y contribuyendo a poner fin a la existencia de centenares de fosas comunes.

Su actitud condescendiente ante estas huellas inaceptables de la dictadura ha animado a un juez como Garzón a abrir un proceso contra varias decenas de generales muertos, reclamando su competencia en virtud de un código derogado e inventando un tipo penal. Aprovechando la oportunidad abierta por esta bienintencionada extravagancia, Falange Española ha presentado una querella contra el juez. Y la derecha mayoritaria, no por desgracia una "parte de la derecha", ha visto en esta querella el remedio para no renunciar a nada: ni a su escandalosa falta de compromiso con la retirada de los símbolos franquistas y el fin de las fosas comunes, ni a su deseo de apartar al juez que ha destapado un grave caso de corrupción que le afecta.

Porque también en este segundo aspecto la derecha ha vuelto a actuar al unísono, sin que se pueda hablar de una "parte de la derecha". Las maniobras para conseguir la anulación de unas escuchas judiciales de las conversaciones entre defensores y acusados sólo podrían interpretarse como preocupación por el respeto de las garantías procesales si, previamente, el Partido Popular hubiera hecho la crítica de su propio campo, actuando de manera inequívoca contra la corrupción en sus filas. Al no hacerlo, ha contribuido a confundir la defensa de las garantías procesales, obligada en un Estado de derecho, con una búsqueda ventajista de impunidad, que representa su más radical deslegitimación.

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Los problemas políticos y, sobre todo, institucionales que está acarreando esta actitud de la derecha corren el riesgo de arrastrar a la izquierda hacia un camino equivocado. Las sólidas razones que le asisten para reclamar la retirada de los símbolos franquistas y para poner fin a las fosas comunes no deberían llevar a exigir la convalidación de cualquier instrucción judicial, sólo porque trate de estos asuntos o porque emane de un juez al que se le deben grandes servicios. La izquierda tampoco debería caer en la trampa de confundir la defensa de las garantías procesales con un hábil ardid de los corruptos. Es posible creer al mismo tiempo que no hay base suficiente para procesar al juez Garzón por unas instrucciones que, sin embargo, podrían ser jurídicamente cuestionables, y desear que sólo gane esas querellas ante el tribunal que las juzga, no en la opinión pública mediante campañas, manifiestos ni demostraciones en las calles.

Entre otras razones, porque cuando los corruptos que Garzón ha perseguido se sienten en el banquillo, habrá que disponer de toda la legitimidad para censurar como presión a la justicia las campañas, manifiestos y demostraciones en las calles que la derecha realizará en su favor.

Y, en cuanto al franquismo, hace mucho que la izquierda se ha ganado el derecho a exigir de la derecha que haga con los vencedores de la guerra civil lo mismo que ella ha hecho con la violencia revolucionaria y con el castrismo. Sólo así, ofreciendo razones para que desde uno u otro campo se tenga que hablar de una "parte de la derecha" y de una "parte de la izquierda", podrá ceder la crispación y el Estado de derecho salir fortalecido.

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