La juez imputa a Ponce también por la venta del suelo en Mercasevilla

La juez del caso Mercasevilla ha imputado al ex subdirector de la empresa pública, Daniel Ponce, por su supuesta participación en la "fraudulenta" venta de suelos municipales realizada mediante concurso, que ganó la promotora Sando pese a que no presentó la mejor oferta. De este modo, Ponce soporta una doble imputación en el caso, puesto que ya está acusado en la primera fase de la instrucción que investiga la supuesta petición de comisiones ilegales por parte de la anterior cúpula de Mercasevilla. Ahora la juez Mercedes Alaya acusa a Ponce de participar en la concesión supuestamente irregular de los suelos que obtuvo Sando por delante de Noga, pese a que esta última presentó una mejor oferta.

La policía identifica al alto cargo de la Junta acusado por un empresario

El ex subdirector, al que Mercasevilla ha readmitido tras una sentencia judicial adversa, exigió supuestamente a los empresarios del grupo La Raza 450.000 euros como comisión ilegal para la creación de una escuela de hostelería. Este nuevo paso en la instrucción hace que la segunda fase acumule ya 11 imputados, y según el devenir de la investigación, la cifra seguirá en aumento. De momento, la policía ha identificado a tres personas sospechosas de irregularidades, según el testimonio del empresario Antonio Pardal, dueño de la constructora Larena98, y que poseía los derechos de suelo de Mercasevilla. Una vez que dejó de pagar la cuota mensual de 59.000 euros, el empresario asegura que recibió propuestas de negocios ilegales para que se desprendiera de los derechos de suelo.

Pardal, en una explosiva declaración, dio un giro inesperado al caso cuando acusó al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena, de ofrecerse para amañar varios concursos destinados a construir viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla. El empresario aseguró que Marchena le ofreció propuestas de concesiones ilegales, al igual que un director general de la Junta. Tras su declaración, la juez ordenó a la policía que pusiera nombre y apellidos a los cargos que había acusado Pardal.

A continuación, la Policía Judicial identificó al alto cargo del Ejecutivo andaluz: Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta. Asimismo, la policía ha identificado a José Marín, ex secretario del Distrito Macarena de Sevilla, ya condenado por el escándalo de las facturas falsas, como el cargo que le pidió que patrocinase el club Patín Macarena de hockey sobre patines, a lo que accedió y aportó "cuatro o cinco millones de pesetas", según declaró Pardal ante la juez.

La juez ha pedido a Pardal que aporte el estudio de viabilidad de la ITV que supuestamente le habían prometido como compensación, "y cualquier otra documentación que posea sobre los presuntos ofrecimientos que se le realizaron", subraya la juez en su último auto. La juez ha reclamado las historias registrales de otras cinco promotoras que optaron al concurso público de los suelos.

Por último, la juez ha pedido a la Gerencia de Urbanismo sevillana que le informe de las promociones de VPO "que se estaban tramitando" cuando supuestamente se produjo la reunión entre Pardal y Marchena. Alaya le pide también a Urbanismo los expedientes tramitados para construir naves en las parcelas de Mercasevilla.

Esta mañana declara como testigo el viceconsejero de Empleo de la Junta, Agustín Barberá, y a principios de abril acudirán otros dos altos cargos de la Consejería de Empleo.