Feijóo frena la batalla judicial por los desmanes urbanísticos en Barreiros

El pasado 11 de marzo el Gobierno de Feijóo se cobró la cabeza de Hipólito Pérez, hasta ese momento director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), un organismo adscrito a la Consellería de Medio Ambiente e Territorio, creado por el bipartito para corregir y sancionar los desmanes que la burbuja inmobiliaria empezaba a causar en la costa gallega.

Ese día, el Consello de la Xunta destituyó -sin informar a la prensa- al funcionario que había puesto en marcha la agencia y atendía así las constantes quejas de alcaldes populares y socialistas que criticaron la "excesiva rigurosidad" del citado organismo prácticamente desde su nacimiento.

El propio conselleiro de Medio Ambiente e Territorio, Agustín Hernández, explicó entonces que el relevo de Hipólito Pérez por María Martínez Allegue, ex secretaria de los ayuntamientos de Mos y Tui, al frente de la agencia, "pretende impulsar la colaboración activa con los ayuntamientos". Con el objetivo de propiciar ese cambio, la Xunta tuvo que modificar los estatutos del organismo público concebidos para que el mandato de su director no coincidiese con el del Gobierno gallego y preservar así su independencia respecto a hipotéticas presiones del poder político.

El bipartito sí presentó 40 contenciosos y el fiscal, una querella

Pero mucho antes de cambiar la dirección de la APLU, el Ejecutivo de Feijóo ya había empezado a ignorar el trabajo de los inspectores urbanísticos. Así lo prueba la negativa del Consello de la Xunta a aprobar cuatro nuevas denuncias por la vía del contencioso administrativo contra otras tantas licencias concedidas por el Gobierno local de Barreiros y su alcalde Alfonso Fuente Parga, del PP, para levantar decenas de pisos en este municipio de A Mariña lucense que no ha adaptado su planeamiento y donde rigen unas normas subsidiarias del año 1994.

Los recursos contencioso administrativos partían de los informes técnicos de la APLU que subrayaban el dictamen contrario emitido en su día por la secretaria municipal de Barreiros y estaban avalados por la Asesoría Xurídica de la Xunta, que procedió a presentarlo en un juzgado de Lugo para cumplir con los plazos legales. Fuentes de la Asesoría Xurídica han confirmado a este diario que se trata de una práctica habitual para evitar que prescriba el plazo de reclamación ante los tribunales.

La última palabra la tenía, en todo caso, el poder político. Las denuncias competían al Gobierno gallego y debían ser ratificada por el Consello de la Xunta. Este órgano optó, sin embargo, por negarse y evitó así nuevas demandas contra el Gobierno local y el caótico urbanismo que reina en esta localidad de A Mariña Lucense.

Las deliberaciones del Consello de la Xunta son secretas y nadie del Gobierno gallego ha argumentado el porqué de su decisión. Este diario intentó ayer sin éxito que la Consellería de Medio Ambiente explicase qué razón le llevó a ignorar las recomendaciones de los técnicos de la Axencia Galega da Legalidade Urbanística y de la propia Asesoría Xurídica de la Xunta.

Pese a todo, los tribunales deberán dirimir los más de 40 contenciosos presentados por el bipartito que piden la anulación de 44 licencias para edificar 3.174 viviendas. La primera de las sentencias dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo ha anulado el permiso que el Gobierno de Barreiros concedió a una constructora para levantar 173 pisos en la zona de San Miguel de Reinante. El alcalde popular Alfonso Fuente Parga y la constructora Promociones Nordés han recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Este es sólo uno de los dos frentes judiciales abiertos por el modo en que el regidor, otros tres ediles del PP, y la arquitecta municipal, Marta Geada, interpretaron el planeamiento urbanístico en el ayuntamiento lucense. El pasado diciembre, el fiscal jefe de Lugo denunció por lo penal al alcalde, a los tres concejales y a la técnico ante el juzgado de instrucción de Mondoñedo por dar luz verde en un año a más de 3.100 viviendas en un pueblo de 3.300 vecinos. El ministerio público les atribuye a los cinco un delito de prevaricación urbanística. La denuncia hace constar que buena parte de los 44 expedientes aprobados por el Gobierno local contaba con el informe contrario de la secretaria municipal.