El juez anula la primera de las 44 licencias de Barreiros

La batalla judicial que el bipartito emprendió para poner freno al caos urbanístico de Barreiros, donde el alcalde Alfonso Puente Parga, del PP, otorgó permisos para construir 5.800 viviendas en un municipio de 3.300 habitantes, ya conoce la primera sentencia. El juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Lugo ha anulado la licencia concedida a la sociedad Promociones Nordes, SL, en julio de 2006 para levantar cuatro edificios y 173 pisos en el lugar de San Miguel de Reinante, dentro del municipio de la Mariña lucense, por "no ser conforme a derecho".

Dicha urbanización fue una de las 44 que motivaron una segunda denuncia, esta penal, que la fiscalía basó en un informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adscrita a la Consellería de Territorio. En ella se acusa de prevaricación urbanística al regidor, a tres concejales y a la arquitecta municipal, Marta Geada, por amparar la mayoría de edificaciones pese a contar con el informe contrario de la secretaria municipal. Este segundo litigio se dirime en los juzgados de Mondoñedo después de que el ministerio público presentase denuncia el pasado 17 de diciembre.

El fallo revela la total ausencia de servicios de la zona urbanizada

Seis días antes, el 11 de diciembre, el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo había dictado sentencia, la primera de una larga batería de recursos que la Xunta anterior interpuso contra los permisos concedidos por el Ayuntamiento de Barreiros. El fallo supone a la vez un grave contratiempo para el Gobierno de Feijóo, que pretendía legalizar todas esas urbanizaciones con un coste para la Xunta de siete millones de euros.El convenio para legalizar las urbanizaciones ilegales de Barreiros llevará la firma del alcalde del municipio de A Mariña, la Diputación de Lugo y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Ese acuerdo permitiría dotar de servicios básicos (agua, luz y saneamiento) a las polémicas edificaciones, con una inversión global de 14 millones de euros, de los que la Xunta aportaría siete y los promotores inmobiliarios la otra mitad. La propuesta de convenio ha coincidido con el cese de Hipólito Pérez, anterior director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, instructora del expediente que motivó muchas de las denuncias.

Desde que se dio a conocer el acuerdo, el presidente de la Xunta repite que su Ejecutivo no está dispuesto a "amparar ilegalidades". El pasado jueves sin ir más lejos, Feijóo fue tajante tras la reunión semanal de Gobierno: "No vale todo en materia de urbanismo y mientras yo sea presidente de la Xunta los expedientes de disciplina urbanística seguirán tramitándose. No se puede construir en leiras sino en solares, y no se puede hacer lo que uno quiere sino lo que queremos todos a través de una ordenación y planificación urbanística".

El fallo que el juez de lo contencioso en Lugo emitió en diciembre no puede ser más tajante: en el momento en que concedió la licencia, el suelo donde el Ayuntamiento de Barreiros autorizó la construcción de los cuatro edificios "no tiene la condición de solar ni puede llegar a serlo si no es a través de un proceso de urbanización que supera la consideración de obras de pequeña entidad". Y continúa: "Debe recordarse que los solares cumplen entre otros unos requisitos, a saber: acceso por vía pública pavimentada, el agua abastecida que debe ser potable, la evacuación de aguas tendrá que realizarse a la red de saneamiento, el suministro de energía eléctrica y el alumbrado público deberán tener condiciones de caudal y potencia adecuada a los usos permitidos".

El fallo del juez, que cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, concluye: "La licencia impugnada no debió otorgarse pues era exigible que los terrenos donde estaban proyectadas las construcciones de las viviendas hubiesen, previamente, asumido un proceso de urbanización para la dotación de los servicios urbanísticos a que se vino haciendo mención".

En los fundamentos de derecho alude al informe de la secretaria municipal de Barreiros que pidió, sin éxito, al alcalde Alfonso Fuente Parga la suspensión del permiso que iba amparar la edificación de 173 pisos en San Miguel de Reinante.

El pasado jueves, el presidente de la Xunta dio a entender que los tribunales se pondrían de parte del Gobierno municipal de Barreiros en los litigios que le enfrentan a la Xunta. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de Gobierno, Feijóo aseguró que, por la información que maneja, los jueces están dando la razón al alcalde de Barreiros. "De momento, por lo que yo sé, las sentencias las está ganando todas el Ayuntamiento de Barreiros", defendió el presidente. Hasta ahora ningún juzgado avaló las decisiones del regidor popular Alfonso Fuente Parga.