Luz verde a la creación de un órgano regulador de la televisión

El sector audiovisual lleva 20 años esperando una ley, los mismos que han pasado los sucesivos Gobiernos prometiéndola. Ayer se cumplió el compromiso. La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) ha culminado una meteórica tramitación en el Congreso. Entró en la cámara en octubre pasado y se habilitó el mes de enero para su debate en la Comisión Constitucional. La ley ha sido defendida en el estrado por la propia vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha llevado las negociaciones con los sectores afectados (televisiones, radios, cine, fútbol, anunciantes, productores, sindicatos). No ha conseguido, sin embargo, el anhelado consenso político. El PSOE ha contado con el apoyo de CiU y Coalición Canaria. Al final el PP ha votado en contra, así como IU y ERC. El PNV se ha abstenido.

El Consejo Estatal estará adscrito al Ministerio de la Presidencia

La creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA) es uno de los aspectos más relevantes de la ley, que traspone la directiva comunitaria sobre publicidad. Llega con 15 años de retraso. En 1995, el Senado acordó su puesta en marcha. La propuesta cayó en saco roto pese a que los principales partidos (PP, PSOE y CiU) la respaldaban.

El CEMA será independiente del Gobierno para supervisar el sector. España dejará así de ser una anomalía en la UE. Junto a Luxemburgo, es el único que carecía de una institución destinada a velar por el cumplimiento de las normas sobre contenidos televisivos, la publicidad, los límites a la adquisición de derechos deportivos o las inversiones en cine.

El CEMA estará adscrito al Ministerio de la Presidencia y regulará la actividad de "los medios de titularidad del Estado o que estén bajo su competencia" y velará por el pluralismo y la transparencia en el sector, especialmente en lo relacionado con la protección al menor. Supervisará también la "independencia e imparcialidad" de RTVE. En el terreno deportivo elaborará el catálogo de acontecimientos de interés general. Para cumplir estas funciones, los nueve miembros elegidos por el Congreso de los Diputados (con mayoría de tres quintos y por un periodo de seis años) tendrá poderosas armas a su alcance. Podrá imponer sanciones de hasta un millón de euros y, en casos flagrantes y reiterados, televisiones o radios podrán perder la licencia.