Gramepark debe 12,5 millones al Consistorio de Santa Coloma

La constructora Gramepark es más que un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Santa Coloma. La sociedad, investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a raíz de la Operación Pretoria, tiene una deuda de 12,58 millones de euros con el Consistorio. Esta suma corresponde a un crédito de siete millones y una operación de tesorería de 5,58 millones. El segundo movimiento -en realidad un adelanto, pero articulado mediante una operación de crédito interno- mereció una advertencia de la ex interventora local, que consideró que podía afectar "críticamente" a la existencia de fondos en las arcas municipales en 2010.

El Ayuntamiento de Santa Coloma, tras recibir las conclusiones de Gramepark, decidió el lunes adquirir inmuebles de la constructora por más de 11 millones de euros para dar liquidez a la sociedad pública. Y según explicó la alcaldesa, Núria Parlón, eso no debía endeudar más al Ayuntamiento. "Lo que sale del bolsillo derecho pasa al izquierdo", aseguró gráficamente.

Pero Gramepark arrastra ya dos deudas con el Ayuntamiento. La primera es del 26 febrero de 2008. Entonces el Consistorio otorgó un crédito a dos meses de siete millones de euros a la constructora, que ésta nunca ha devuelto. En mayo de 2009, el Consistorio decidió renovarla, a pesar de que ya entonces la ex interventora Maite Carol advirtió al respecto. El informe de la funcionaria avisaba que, pese a que el Ayuntamiento preveía un saldo positivo en la tesorería hasta noviembre de 2009, la empresa no había acreditado que podría devolver el dinero, y recomendaba "extrema cautela" por las dificultades de tesorería de Gramepark y su elevado endeudamiento.

La constructora local debía haber devuelto ese préstamo el 30 de septiembre de 2009, según los informes a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Sin embargo, no lo hizo. Fuentes consultadas explican que los administradores judiciales llegaron a Gramepark y se hallaron con una compañía endeudada y con "fuertes tensiones de tesorería".

Los nuevos administradores reclamaron 5,58 millones correspondientes a varias facturas emitidas. Se hizo mediante una operación de tesorería a la que la entonces interventora puso reparos, a pesar de que había fondos suficientes para afrontar esa cantidad. Primero, porque para los siguientes meses ya se preveía que la crisis impactara con más fuerza en las arcas municipales. Y segundo, porque había numerosas facturas que sumaban 1,7 millones de euros que no disponían de "consignación presupuestaria". "La situación de tesorería del Ayuntamiento puede pasar a una situación de necesidad de financiación", alertó la interventora.

La auditoría encargada a Deloitte, de hecho, ya advertía de que varios expedientes no tenían encargo ni partida presupuestaria. En la práctica eso significa que no tienen garantizada su financiación y que el interventor puede negarse a abonarlos. La interventora se refirió más tarde a este informe del 17 de diciembre, en concreto cuando dio un varapalo a los presupuestos municipales. Carol denunció en su informe negativo que no se previeron las cantidades suficientes para pagar esas cantidades.