Los alcaldes evitan tirar 3.000 edificios ilegales por el coste de las demoliciones

El urbanismo gallego se resiente de años de laxitud normativa. Galicia acumula, por varios miles, sentencias judiciales de derribo de inmuebles -la mayor parte de las veces por concesión de licencias ilegales- que en buena medida acaban sin ejecutar. Responsables municipales de urbanismo, promotores y arquitectos coinciden en dibujar un complejo panorama urbanístico que comienza con el "dejar hacer" de los gobiernos locales y acaba erosionando las arcas municipales.

Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no sólo a afrontar el gasto de la demolición de la obra declarada ilegal, sino también el de indemnización a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con lo que se embarcan en un vía crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario público de cada Administración local.

"Los que tienen mejores equipos eluden los derribos con apelaciones"

Los arquitectos culpan del problema al "tradicional dejar hacer"

"Aunque la ley es igual para todos, los ayuntamientos con mejores equipos jurídicos suelen evitar la demolición tras las continuas apelaciones", sostiene Benito Iglesias, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Ourense (Adeido).

Los ayuntamientos disponen de una partida económica para asumir los gastos de los derribos de inmuebles que varía en función de sus presupuestos, pero que siempre resulta insuficiente. En Ourense, las ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dan cuenta de la situación urbanística en que se encuentra la ciudad.

La concejala responsable de este departamento, Áurea Soto, estimó en 40 millones de euros la demolición, ordenada por sentencia, de la plaza de San Antonio, en el centro de la ciudad. El gobierno anterior, que había concedido la licencia, solicitó en su día la no ejecución y el tribunal la negó. El nuevo grupo de gobierno volvió a pedirla. Y la consiguió. "Presentamos una propuesta muy bien elaborada con el trabajo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, del coordinador de Urbanismo y con una buena asistencia técnica", señala Soto. El alto tribunal gallego aceptó que no se ejecutase e impuso al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 360.000 euros a la demandante. El ahorro fue considerable.

El representante de los promotores echa en falta una normativa "unificada y clara" en lugar de "la multitud existente de leyes" que permite "a los mejores juristas" conseguir su propósito de dejar en pie el edificio mientras los ayuntamientos con menos recursos "suelen acabar asumiendo estos costes".

Iglesias lamenta, además, la "ausencia" de órganos de control fundamentales "tanto municipales como judiciales" para evitar en un caso la concesión de licencias irregulares y, en el otro, el "desigual cumplimiento de las sentencias".

El arquitecto, y presidente del colectivo ourensano, Xan Rodríguez, enmarca el problema en el "tradicional dejar hacer" de las Administraciones y sostiene que ahora pagan "todos los ciudadanos las consecuencias". Rodríguez reconoce que los ayuntamientos tienen herramientas para cumplir las sentencias "pero sale caro y, además, es muy impopular", y difícil de asumir, en especial para los políticos con licencias ilegales otorgadas por sus antecesores.

Las herramientas con las que cuentan los ayuntamientos son contadas: "Buenos técnicos y buenos jurídicos con dedicación exclusiva a la Administración" que redacten buenos documentos o que "controlen la calidad de los externos", explica Soto. Se trata de un largo proceso, porque los expedientes duran una media de 10 años.

Los ayuntamientos de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago y Ourense se han dotado de los servicios de despachos externos paralelos a los que pueden solicitar que se centren en un expediente concreto cada cierto tiempo, garantizándose así la presentación de los mejores recursos ante la Justicia. Los que carecen de estos medios estiran en lo posible los plazos mientras intentan legalizar sus planeamientos urbanísticos, aunque al final "el peso de la ley acaba cayendo siempre sobre ellos", sentencia el promotor inmobiliario.