La presión de alcaldes fuerza el relevo del director de Legalidad Urbanística

La presión de un grupo de alcaldes y el caso Barreiros, con la legalización de 5.800 viviendas paralizadas por el bipartito, ha tumbado al director de la Axencia de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), Hipólito Pérez. El Consello de la Xunta aprobó ayer su cese, a propuesta del conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. Será relevado por María Martínez Allegue, hasta ahora tesorera en el Ayuntamiento de Marín. Previamente, ejerció como secretaria en los municipios de Mos y Tui, este último, presidido por Feliciano Fernández Rocha, imputado por cinco delitos relacionados con su actividad como alcalde y constructor.

La APLU es un consorcio público formado por la Xunta y 41 ayuntamientos adheridos, que tiene competencias de inspección, restauración de la legalidad y sanción. En 2009 emitió 92 órdenes de paralización de obras, efectuó 517 actas de inspección y abrió más de 1.500 expedientes informativos, que acabaron en multas por valor de siete millones de euros y 216 órdenes de demolición. Todo ello recayó no en los alcaldes, sino en los vecinos infractores. Pero son los regidores los que tienen que hacer frente a la presión vecinal.

Hipólito Pérez se enteró de su relevo al leer el orden del día del consejo

En el cese de Hipólito Pérez confluyeron más motivos. Uno de ellos es el protocolo de colaboración de la APLU con la fiscalía especializada en urbanismo, mediante el cual la agencia pone a disposición del ministerio público los expedientes en los que puedan concurrir responsabilidades penales. No fue bien visto por Agustín Hernández. Pero tampoco el ya ex director de la APLU estaba conforme con la legalización de 5.800 viviendas sin licencia de Barreiros, que supondrá un coste de siete millones de euros a las arcas autonómicas. Las presuntas irregularidades urbanísticas en Barreiros aparecen detalladas en un extenso informe elaborado por la agencia que fue solicitado por el ministerio público y que derivó en una denuncia por la vía penal contra el alcalde, el popular Alfonso Parga.

La destitución de Pérez, que asumió el cargo en mayo de 2008, se venía fraguando desde diciembre, cuando la consellería modificó los estatutos de la APLU para acortar los mandatos de sus directores, pensados para dar estabilidad a un organismo que se concibió como independiente del poder político. Este lunes, la secretaria general de Urbanismo, Encarna Rivas, incluyó el cese en el orden del día de la comisión ejecutiva de la agencia. Así se enteró Pérez de su destitución, que no le fue comunicada.

Tampoco el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dio cuenta en la rueda de prensa posterior al Consello del relevo, del que informó horas después Medio Ambiente en un comunicado. La consellería de Agustín Hernández asegura que el nombramiento pretende "impulsar la colaboración activa" con los ayuntamientos y "garantizar la objetividad en la aplicación de la normativa urbanística".

De lo que sí habló Feijóo fue de Barreiros. "No vamos a arreglar con dinero público las cosas que se hacen mal", aseguró. Explicó que la inversión de siete millones de euros de la Xunta, que él rebajó a cinco, se corresponde con lo que habría que gastar en saneamiento de todos modos.