La policía pide una prueba de voz de las cintas de Mercasevilla

La juez del caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha pedido a la Policía Científica que efectúe una prueba de voz de la grabación en la que la cúpula de la empresa municipal supuestamente pidió una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios hoteleros sevillanos, y que desencadenó el caso hace más de un año. El objetivo de la prueba es comprobar si la policía confirma que las voces de las personas que piden el dinero a cambio de favores institucionales pertenecen al ex director, Fernando Mellet, y al ex subdirector Daniel Ponce, tal y como la acusación judicial mantiene.

El Partido Popular realizó esta petición de la prueba de voz ayer en una comparecencia de los cuatro imputados en esta primera fase del caso, que investiga la supuesta petición de comisiones ilegales al grupo La Raza para permitir la construcción de una escuela de hostelería en enero de 2009. La juez admitió esta petición del PP, así como que el viceconsejero de la Consejería de Empleo, Agustín Barberá, junto a otros dos cargos de Empleo, y el jefe de la unidad adscrita de la Policía Judicial, declaren en breve como testigos.

En el caso declarará como testigo el viceconsejero de Empleo

Mientras, la juez negó la petición de la defensa del PSOE, que reclamó una nueva declaración del empresario denunciante del supuesto cohecho, dueño del grupo hotelero La Raza. Mientras, la juez ha rechazado la petición del abogado del delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), para que de nuevo declaren Mellet y Ponce, ya que ambos ya se negaron a declarar hace meses.

En relación con esta petición, el abogado de Rivas, Francisco Baena, protestó por la denegación de esta prueba testifical por parte de la magistrada. "El delegado provincial de Empleo es un auténtico convidado de piedra, y lo voy a demostrar", aseguró el letrado, que aseguró que en una de las conversaciones espinosas se trató sobre la participación en la cabalgata de Reyes Magos de la hija de una funcionaria.

Por último, la juez aceptó la petición de la fiscalía para adjuntar los antecedentes penales de los cuatro imputados, así como incorporar el expediente de información reservada instruido por el viceconsejero de Empleo, elaborado cuando la Junta tuvo conocimiento de la supuesta petición de comisiones y justo antes de trasladar el caso a la Fiscalía de Sevilla.