Los socialistas proponen cárcel obligatoria para cargos corruptos

El Gobierno dio ayer una vuelta de tuerca a su proyecto de reforma del Código Penal para endurecer el castigo contra los delitos urbanísticos y medioambientales de manera que, con la enmienda que presentó el grupo socialista, los jueces impongan cárcel de manera obligatoria a los funcionarios o cargos públicos corruptos.

En la primera redacción de la norma que se está tramitando en el Congreso, el Gobierno había dejado abierta la posibilidad de que el juez pudiera condenar a cárcel o a multa a estas autoridades lo que, según explica el grupo socialista, suponía un "tratamiento privilegiado para funcionarios y responsables públicos". Los socialistas también han enmendado el capítulo dedicado a los vendedores de discos pirateados en el conocido como top manta, de manera que ya no ingresarán en la cárcel si el valor de los derechos defraudados no supera los 400 euros.

Mientras, el Partido Popular ha propuesto a través de una enmienda crear la figura de prisión perpetua revisable a los 20 años para castigar la agresión sexual con resultado de muerte o el asesinato terrorista. El resto de los grupos rechaza esta idea por considerarla contraria a la Constitución.