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Editorial:

El problema con Chávez

Con un procedimiento judicial abierto, el asunto no se resolverá sólo con declaraciones políticas

El domingo, Zapatero se felicitaba de que el asunto de la supuesta cooperación del Gobierno venezolano con ETA hubiera servido para que Chávez emita "un pronunciamiento claro contra el terrorismo". En parecidos términos se pronunció el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, para quien el comunicado conjunto firmado por ambos Gobiernos el sábado "zanja cualquier polémica". Es posible que ese escrito anuncie un cambio de actitud de Caracas al respecto, pero eso sólo se sabrá a la luz de las medidas que tome para investigar las acusaciones vertidas en el auto del juez Velasco.

De momento lo que hay es una declaración del ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, en el que, lejos de mostrar su disposición a cooperar con el juez, le descalifica burdamente y aprovecha el viaje para arremeter contra el ex presidente Aznar en términos similares a los que provocaron el "por qué no te callas" del Rey a Chávez en la cumbre iberoamericana de noviembre de 2007 en Santiago. Dar por zanjado el asunto parece voluntarista: el Consejo General del Poder Judicial ha salido al paso de los insultos de Maduro contra el juez (le llama mafioso), y la oposición ha exigido una comparecencia parlamentaria de Zapatero para dar explicaciones sobre lo que considera actitud confusa, por un lado, y condescendiente con Chávez, por otra, del Gobierno.

El comunicado conjunto incluye un compromiso de colaboración judicial y policial (se supone que contra ETA), pero evita referirse al auto judicial. En su lugar lo hace a informaciones periodísticas, que es una forma de rebajar los indicios, de bastante peso, que contiene la resolución. El Gobierno español ha justificado esa mención diciendo que figura en una frase que sólo asume el Gobierno venezolano, y no ambos firmantes.

La primera reacción de Caracas fue decir que todo era fruto de una manipulación del ordenador del número dos de las FARC, Raúl Reyes, muerto hace dos años en un ataque del Ejército colombiano. Es cierto que la información de base del auto procede de las autoridades colombianas, pero ya en 2008 agentes de los servicios de información españoles viajaron a Bogotá para investigar los indicios, y poco después lo hizo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Fruto de su trabajo fue la apertura del sumario que ha dado lugar al auto ahora conocido.

No se trata, por tanto, de una mera especulación o de un show inspirado por Estados Unidos, como dijo Chávez, sino de un asunto grave, de naturaleza judicial, que no se va a disolver con declaraciones políticas o diplomáticas. El auto pide al Gobierno que realice gestiones para la extradición de los etarras y miembros de las FARC procesados, aunque será previa su detención, que deberá tramitarse a través de la Interpol. En 2002, Chávez (al margen de los procedimientos de extradición) ordenó la detención y entregó a España a dos etarras, Víctor Galarza y Sebastián Etxaniz, y de otro más en 2003.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 9 de marzo de 2010